Elige un idioma
El gobierno italiano, basándose en el concepto de burden sharing (“compartir la carga”), ha pedido a Europa que se haga cargo del problema de los desembarcos en Lampedusa, no sólo contribuyendo en los costes de organización de las patrullas en nuestras fronteras, algo que ya hace Frontex, sino también colaborando en la acogida de parte de los refugiados que llegan a las costas italianas. Roma ha pedido a Budapest, que preside actualmente la UE, que convoque una cumbre extraordinaria para establecer los términos y las modalidades de este reparto de las cargas que representan tanto la acogida de los refugiados como la evaluación de las demandas de asilo. En este sentido, cabe destacar que un gran número de refugiados tienen la intención de salir de Italia; por regla general, los refugiados políticos, al igual que cualquier inmigrante, optan por concentrarse más bien en las regiones ya ocupadas por una comunidad de personas que hable el mismo idioma y posea la misma nacionalidad que ellos. Actualmente, las mayores concentraciones de tunecinos y de ciudadanos originarios del norte de África se encuentran sobre todo en Francia y España.
Sin embargo, la demanda de Italia corre el riesgo de no ser escuchada por la opinión pública de los grandes países de la UE, empezando por Alemania, acostumbrados a acoger diez veces más refugiados políticos que este país. Los países pequeños, como Noruega, Países Bajos y Suecia serán aún menos sensibles a este asunto, ya que en los últimos veinte años y de forma proporcional a su población, han acogido un número de demandantes de asilo político hasta quince veces superior al número registrado en Italia.
Reformar las politicas de asilo
Por ello es necesario ir más allá de la urgencia y presentar a Europa demandas coherentes. En primer lugar, una serie de reformas en las políticas de derecho de asilo: ya no se puede tratar la cuestión de los refugiados políticos como un problema puramente diplomático, separado de las cuestiones más generales sobre inmigración económica. Los límites entre estos dos tipos de flujos migratorios son muy frágiles: el tratamiento de las demandas de asilo por los Estados miembros parece responder a factores de orden económico (como el desempleo o los ingresos por habitante en el país de destino) más que a factores puramente políticos, como la guerra o la existencia de regímenes dictatoriales en los países de origen.
Por otro lado, en Europa se ha cometido un error muy grave en los procedimientos de políticas de asilo: hasta ahora, se les ha impedido a los refugiados políticos trabajar y elegir en qué región querían residir en el interior de un país. El objetivo era evitar un número excesivo de demandas de asilo. Sin embargo, el resultado es contraproductivo: varios estudios demuestran que las restricciones de este tipo no evitan los abusos. Más bien al contrario. Al impedir trabajar a aquellas personas que han obtenido el derecho de asilo, se obstruye la integración económica de los inmigrantes y aumenta al mismo tiempo el peso fiscal que ejercen en la población autóctona. Una serie de estudios recientes revelan que los refugiados políticos, obligados a vivir gracias a modestos traslados nacionales, en lugares que no han elegido, se sumergen con mayor facilidad en la micro-criminalidad que otros ciudadanos, incluidos los inmigrantes que no han obtenido el estatus de refugiados. Es una importante lección que debemos tener en cuenta.
Los sistemas de puntos podrían establecer prioridades
Pero también deberíamos aplicar esta lección a la cuestión más general de nuestras políticas de inmigración. Si los inmigrantes cuentan con "autorización para trabajar", representan un gran recurso, aunque queramos complicarles tontamente la vida (con restricciones en la entrada al país, en la duración de su estancia, en la renovación de los permisos de residencia, en el cambio de trabajo, etc.). De este modo, se corre el riesgo de convencer al menos a una parte de estos refugiados de que la micro-criminalidad es sin duda más atrayente que la inserción normal en el mundo laboral, ya que éste es demasiado complicado. Por otro lado, la coordinación de las políticas de derecho de asilo y de los flujos migratorios debería basarse en criterios transparentes y compartidos por todos los países miembros de la UE.
Hoy, varios países europeos intentan implantar sistemas de puntos que podrían establecer prioridades bien definidas a la hora de conceder permisos de residencia y de trabajo. A menudo estos sistemas se utilizan para favorecer la inmigración de personas cualificadas, de personas instruidas y capaces de integrarse con más facilidad en un país de acogida. Tampoco existe nada que prohíba introducir en este contexto jurídico consideraciones de carácter humanitario para garantizar el acceso prioritario a los ciudadanos de países fracturados por guerras civiles, o a los que procedan de países en los que la población civil haya sido reiteradamente víctima de episodios de violencia, de torturas y de encarcelamientos arbitrarios. El control común de las fronteras y las políticas de derecho de asilo de acuerdo con las de inmigración económica, todo ello basado en principios transparentes como el sistema de puntos, podrían convertirse en los pilares sólidos de una política europea de inmigración.
Opinión
Europa debe apoyar la ola de revoluciones
“Cuando la gente, de Casablanca a Damasco, habla estos días de ‘ola’ piensa en las protestas contra la opresión, la corrupción y la pobreza. Cuando los europeos piensan en ‘ola’ se refieren a los 5.000 refugiados que han desembarcado en Lampedusa”, [asegura Die Zeit](http:// http://www.zeit.de/2011/08/Tunesien-Fluechtlinge-Europa). El semanal alemán recomienda a los europeos que dejen atrás su miedo a la llegada masiva de emigrantes y que no se les trate únicamente desde el prisma de la política de asilo. Alemania, Países-Bajos y Francia, sobre todo, deben dejar de deslocalizar las cuestiones migratorias a las fronteras más lejanas del sur de Europa, una política heredada de las fuertes migraciones procedentes del Este de Europa a finales de los años 80 y principios de los 90. Europa y sus vecinos del sur necesitan instaurar una verdadera política de movilidad entre las dos orillas del Mediterráneo que tenga como resultado visados de trabajo, cooperación universitaria, armonización de formaciones profesionales y programas de integración profesional para los emigrantes cuando regresen a sus países de origen. Según los expertos, se necesitarían 2 ó 3 años para establecer una asociación de este tipo con Túnez pero falta voluntad política. Mientras tanto, señala Die Zeit, convendría ofrecer a los 5.000 refugiados, por llamarlos de alguna forma, aunque en realidad son demandantes de empleo que Europa necesita, una acogida digna, “a la cual tiene derecho todo el mundo. Sobre todo ellos que acaban de llevar a cabo con éxito una revolución”.
