El "Pacto Euro Plus", la garantía colectiva para la estabilidad de la eurozona, aprobado en el Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo, es la concreción tan esperada de los debates iniciados en 2008 y que se han desarrollado durante la crisis financiera y económica mundial. La Comisión, el Parlamento y los Estados miembros aún deben elaborar un plan plurianual para reducir los déficits nacionales y será necesario complementarlo con reformas estructurales que favorezcan el crecimiento económico.

El pacto y el Mecanismo de Estabilización Financiera, que han sido el centro de los debates, son interdependientes. Quizás sea este el motivo por el que nueve Estados miembros (la mayoría no pertenecientes al euro) han enviado una carta conjunta a los presidentes [del Consejo] Herman Van Rompuy y [de la Comisión Europea] José Manuel Barroso, apelando a la UE a que explore e indique nuevas direcciones de desarrollo sostenible para el periodo posterior a la crisis. Afirman que, en la era de la globalización, su interés sigue centrándose en las cuestiones de competitividad, pero también piden que las instituciones europeas tengan en cuenta las características específicas de los Veintisiete.

El paquete de medidas económicas tratado en Bruselas ha sido objeto de un intenso debate también en los distintos Estados miembros de Europa central y oriental. Los dirigentes rumanos y búlgaros han justificado su asociación al Pacto Euro Plus por su voluntad de formar parte de la eurozona. Por su parte, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en su defensa de mantener a Hungría al margen del pacto, ha afirmado que basará su posición en las conclusiones de una consulta con la oposición. En República Checa, la opción del Gobierno de no unirse al pacto, por temor a posibles consecuencias financieras y económicas, ha sido criticada por la oposición, según la cual, Praga se excluye así del proceso relativo al futuro de la Unión.

Las conclusiones del Consejo demuestran que el énfasis en la competitividad y la convergencia deberían revitalizar "la economía social de mercado" de la UE. Se trata de un compromiso que va acompañado de la promesa de implicar a todos los agentes sociales en la elaboración de las reformas estructurales que permitirán lograr el objetivo y en el apoyo de las mismas.