Derechos humanos: La gran farsa de las extradiciones

Foto : T. Willson
Foto : T. Willson
7 agosto 2009 – The Guardian (Londres)

La orden de detención europea fue introducida después de los atentados del 11 de septiembre para responder a la amenaza terrorista y facilitar el procedimiento de extradición entre los Estados miembros. Pero el alto número de solicitudes por delitos leves ha hecho de ella una "farsa" que supone un alto coste humano, en opinión de The Guardian.

De manera intuitiva, siempre he relacionado la extradición con la injusticia. Esto se debe, sin duda, al hecho de que me crié en un ambiente de represión como el que se vivía en Irlanda en los años ochenta. Por entonces existía el temor generalizado de que los presos políticos extraditados a Gran Bretaña no disfrutarían de un juicio justo.

Tras haber analizado la cuestión de la manera más objetiva posible para mi, no dudo en reconocer que la extradición es necesaria en ciertos casos. Sin embargo, sigo teniendo la impresión de que la gente de a pie corre mayor riesgo de ser juzgada en tribunales extranjeros que quienes de verdad tienen asuntos graves pendientes.

Los últimos datos sobre la aplicación de la orden de detención europea, que han sido recopilados por varios funcionarios de Bruselas, me producen la misma sensación de desasosiego. En un principio, la orden de detención vino a dar respuesta a los terribles acontecimientos del 11 de septiembre y a impulsar la cooperación policial y judicial transfronteriza. El problema es que su puesta en práctica ha sido caótica.

Más de un tercio de las solicitudes provienen de Polonia

El año pasado, el diario The Guardian comunicó que el sistema judicial británico tuvo que hacer frente al aumento considerable de las solicitudes de extradición procedentes de Polonia, presentadas en virtud del nuevo marco jurídico. Muchas de ellas fueron motivadas por infracciones tan banales como el robo de un postre o la sustracción de una puerta de armario por parte de un carpintero, harto de esperar a que el cliente le pagase. Hay casos aún más graciosos —para todos menos para los afectados, claro— como el de una solicitud lituana relativa al robo de unos cochinillos.

A la vista de las últimas estadísticas, que reflejan la realidad del 2008, parece que Polonia sigue considerando que robar unas natillas constituye un crimen contra la humanidad. De hecho, los polacos se llevan la palma con 4.829 de las casi 12.000 órdenes de detención dictadas en los países de la Unión Europea que facilitaron datos, entre los que no se encuentra Gran Bretaña, por cierto. Cabe señalar que sólo se extraditó a 617 de los sospechosos reclamados por las autoridades polacas.

No es menos preocupante el hecho de que un estudio “serio” realizado a petición de la UE concluya que el sistema funciona de manera satisfactoria, cuando hay pruebas más que suficientes de lo contrario. Los expertos, quizá escudados en el anonimato, dan buenas muestras de atolondramiento. Desde hace tiempo vienen reclamando pautas sobre la proporcionalidad para que cada país de la Unión pueda decidir si un delito determinado reviste la gravedad suficiente como para justificar la extradición. Y sin embargo, al tiempo que dan la impresión de censurar a Grecia, que no evalúa la proporcionalidad, están descontentos con que Italia haya dado el paso y sí que lo haga, una decisión que conlleva la ralentización del sistema.

Deborah Dark, extraditada 20 años después de su detención

Los informes no dicen nada sobre el precio que pagan quienes se ven envueltos en situaciones que, con frecuencia, rozan lo esperpéntico. La organización Fair Trials International llama la atención sobre la difícil situación que atraviesa Deborah Dark, una londinense absuelta de un delito de tenencia de drogas hace 20 años en Francia. Aunque se probó que tenía cannabis en el coche, la justicia francesa estimó que su novio le había tendido una trampa. Dado que permaneció detenida durante ocho meses y medio antes del juicio, la cosa debería haberse acabado ahí. Sin embargo, después de que Dark volviese a Inglaterra, se interpuso un recurso de apelación; en 1990, se le impuso una condena de seis años de prisión, pero no se le notificó la sentencia. No supo que Francia había solicitado su extradición hasta que la detuvieron en el 2007 en Turquía, donde iba a pasar las vacaciones. Como las órdenes de detención no caducan, el calvario continúa.

En vista de los diferentes sistemas jurídicos, leyes y lenguas de la Unión, resulta fundamental que el marco de la orden de detención ofrezca garantías. Resulta intolerable que no se dispusieran los medios necesarios antes de ponerlo en marcha.

Suecia, que preside actualmente la Unión, ha presentado recientemente una “hoja de ruta” — ¿por qué últimamente le llaman a cualquier programa o plan “hojas de ruta”?— para remediar la situación. Sin embargo, tal y como advierten Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos, el asunto no es prioritario para los suecos, por lo que no cabe esperar ningún avance a corto plazo. Así las cosas, de momento, la aplicación de la orden de detención seguirá siendo un disparate.

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