¡Han hablado entre ellos! Sólo este dato debería servir para tranquilizar. En plenas vacaciones estivales, los responsables de los principales Gobiernos y de las autoridades monetarias occidentales, los miembros del G-7, han logrado encontrar un teléfono. Lo que denota la importancia del momento. Pero al no estar de acuerdo en casi nada, los políticos esperarán una vez más a ver cuál será la reacción de los mercados financieros para definir su actitud e idear ante la urgencia una enésima chapuza.

La rebaja de la nota estadounidense equivale también a la de su política. Hoy pagan las consecuencias de no haber adoptado ninguna medida adecuada en el momento de la crisis de 2008 y del hundimiento de Lehman Brothers. Bien por ideología, por incompetencia o por miedo, los responsables políticos dejaron pasar ese momento único para retomar el control de un sistema financiero desbocado. El pequeño respiro que vivieron entre 2009 y 2010 les hizo pensar que todo podría volver a ser como antes. Pero la negación de la realidad nunca puede ser una política.

De burbuja en burbuja, de crisis oculta en crisis en ciernes, el sistema, totalmente desconectado de la realidad, estalló en 2007. La confusión llegó a su máxima expresión con el hundimiento de Lehman Brothers en septiembre de 2008. Ante la urgencia, los bancos centrales volvieron a inyectar toda la liquidez que se quería e incluso más para evitar el derrumbamiento general. Los Gobiernos prestaron auxilio a todas sus entidades bancarias e intentaron salvar la economía. Si los Estados se encuentran hoy en una situación límite, es por haberse jugado todo para salvar al mundo financiero.

El chantaje permanente de los bancos

Pero los Gobiernos no han sacado conclusiones del hundimiento de Lehman Brothers, o en cualquier caso, no las conclusiones adecuadas. Las conclusiones generales, apuntadas por el mundo financiero, que es quien tiene el mayor interés en el asunto, han sido que ante todo no había que tocar a los bancos, so pena de empujar al mundo a la quiebra. Y así se incluyó la variable moral. Con la excusa del "too big to fail" (demasiado grande para quebrar), los bancos adquirieron el derecho del chantaje permanente a los Gobiernos y el derecho de recurrir sin límite a las finanzas públicas. En nombre, claro está, de la garantía de los depositantes, como el pequeño portador que sirve de coartada a un mercado bursátil que desde hacía tiempo le excluía.

¿Cuál es la contrapartida? Ninguna. Ningún derecho de observación, ninguna cuenta que rendir, ninguna una acción. En ningún momento se ha recurrido a los famosos accionistas, que se suponía que debían asumir los riesgos. Sólo Gran Bretaña, que sin duda comprende mejor el sistema financiero, ha nacionalizado sus principales bancos. En este sentido, Francia ha actuado al contrario y ha llegado hasta la parodia al encargar a Michel Péberau, director de BNP Paribas, el proyecto del plan del rescate bancario francés.

Las autoridades estadounidenses han hecho un poco de limpieza. Han impuesto a los bancos la recapitalización. Decenas de entidades bancarias han cerrado o bien han sido absorbidas por otras. En la eurozona, nada de esto. Los banqueros sabían bien lo que hacían. Tan sólo era necesario darles tiempo y el dinero necesario para reformarse. Las pruebas de resistencia resultaron ser una broma. Ni siquiera se han aplicado las medidas anunciadas en medio del pánico tras las cumbres del G-20 de finales de 2008 y principios de 2009. Recordemos lo que se dijo entonces: "¡Se acabaron los paraísos fiscales! ¡Se acabaron las agencias de calificación! ¡Se acabó la especulación!".

Ni control ni transparencia

Los paraísos fiscales prosperan como nunca, tras la bufonada del regreso al sistema apoyado por la OCDE. Las agencias de calificación, vilipendiadas de nuevo tras la rebaja de la nota de Estados Unidos, no se han preocupado ni un segundo. Siguen siendo tan irresponsables. Europa ni siquiera ha creado su propia agencia, tal y como había prometido.

En cuanto a la especulación, claramente se sigue beneficiando. Por ejemplo, no se ha adoptado ninguna medida para prohibir las ventas al descubierto de deudas soberanas. Los Credit default swaps [CDS, seguros en caso de impago de una obligación], un arma de destrucción masiva del mercado de las obligaciones, siguen siendo un agujero negro: las transacciones escapan a todo control. Los europeos ni siquiera disponen de un modo de saber lo que ocurre: dependen totalmente de organismos privados estadounidenses para obtener información.

La nueva réplica de la crisis ya no permite ninguna escapatoria. El sistema ha llegado al agotamiento. Pero ¿qué se puede hacer para pagar esta montaña de deudas heredada del desorden del conjunto del sistema monetario y financiero?

En primer lugar, es urgente acabar con la especulación. Los Estados no pueden seguir dejando que sus economías se arruinen de este modo, con el pretexto de que no conviene tocar la libertad de circulación de los capitales. Poseen armas de las que pueden servirse si lo desean. Entre ellas se encuentra la prohibición de las ventas al descubierto de las deudas soberanas y, quizás, un control momentáneo de los capitales, pasando por la movilización de los bancos centrales.

Cambiar el estatus del BCE

En segundo lugar, Europa debe aplicar una serie de medidas para evitar el tiro al plato del mundo financiero sobre las deudas soberanas de la eurozona. Unos tras otros, los responsables políticos franceses afirman haber encontrado la solución milagrosa: el federalismo, exponen, saltando como la famosa cabra del discurso de Gaulle. Esto implica, según ellos, el refuerzo del fondo de estabilidad financiera, a la espera de los eurobonos. El problema es que Alemania no está de acuerdo. Y Berlín lleva razón: porque esto implica ni más ni menos arriesgar de nuevo las cuentas de todos los Estados juntos y esta vez para contentar al mundo financiero. La auténtica solución pasa por un cambio de estatus del Banco Central Europeo, que debe asumir la función de prestamista en última instancia de los Estados de la zona.

A continuación, hay que solucionar poco a poco los desajustes del sistema financiero y de la economía de la deuda. Aunque sea importante restablecer el orden de las finanzas públicas e imponer una fiscalidad justa, la reducción de los déficits presupuestarios, que es la única política recomendada por los Gobiernos, no puede ser la única respuesta ante la inmensidad del problema que se plantea. Tan sólo nos llevará a la austeridad, al empobrecimiento y al final de todas las aventuras políticas.

La montaña de deudas es tal que, de todos modos, sin duda habrá que adoptar más de una medida. Deberá anularse una parte de los créditos, de un modo u otro, lo que vuelve a plantear la pregunta de someter al sistema bancario a un control. También será necesario acabar mediante devaluaciones monetarias con el exceso de liquidez creado y la pérdida de valor que esto implica. Por último, es imposible continuar con estos desequilibrios industriales y comerciales. Los países occidentales no pueden importar todo sin crear ninguna riqueza, teniendo como trasfondo un desempleo masivo. Es necesario volver a construir una base de producción digna de estos países.

Por lo tanto, existen soluciones. Pero se alejan de los dogmas y de las acciones que adoptan a priori los responsables políticos. Sin embargo, tienen que reaccionar. Al seguir ganando tiempo y aplazando las acciones, como si pudieran permitírselo, corren el riesgo de que todo acabe en un drama.