Mutis Berlusconi. El último de los jefes de Gobierno de los PIIGS, ese encantador acrónimo que los anglosajones inventaron para denominar a los países europeos económicamente menos virtuosos, ha terminado por sucumbir ante la única ley que no ha podido plegar a su gusto: la de los mercados.

Esta misma ley ya se había cobrado la cabeza del irlandés Brian Cowen, del portugués José Sócrates, del griego Yorgos Papandreu y del español José Luis Rodríguez Zapatero. Este último, en funciones hasta el próximo 20 de noviembre, fecha de las elecciones legislativas anticipadas, no se presenta como candidato a su sucesión y ha anunciado, al igual que sus homólogos, que dejará la política después de la cita con las urnas, que presumiblemente perderá su partido.

Es implacable esta ley de la naturaleza, la de la crisis de la deuda que barre a los Gobiernos demasiado débiles para poder soportarla. Débiles porque, al ser abandonados en solitario frente a ella, hemos comprobado que la solidaridad entre los socios de la zona euro únicamente se activa cuando se ve amenazada la supervivencia de la moneda única — por tanto, sus intereses vitales. Débiles porque se ven obligados a adoptar medidas de ajuste apenas negociables dictadas por las instancias internacionales (FMI y UE). Débiles también porque se ven privados del apoyo de una población que no les ha elegido para que cuestionen sus conquistas. Débiles, a fin de cuentas, porque son incapaces de contarle la verdad, es decir, que frente a los ataques de los mercados no pueden hacer gran cosa, a menos que no sea intentar limitar el expolio.

Resultado: los Gobiernos ven cómo se reduce su margen de maniobra; en tiempos de crisis, su papel se limita a aplicar las decisiones que otros toman y a gestionar el día a día. Las diferencias y las divisiones que caracterizan la política “pre-crisis” se difuminan y los políticos parecen incapaces de proponer — incluso de imaginar — soluciones que se salgan de la ortodoxia. Desorientados, los ciudadanos se vuelven escépticos ante la capacidad de la política de dar respuesta a los problemas y ésta ve cómo su legitimidad se desmorona todavía un poco más en beneficio de la tecnocracia.

Sin embargo, los políticos son todavía los titulares de dicha legitimidad democrática. El problema es que las cuestiones a las que tienen que hacer frente superan el marco de la soberanía nacional. Ése el fundamento y el límite de su acción. En cuanto a las organizaciones supranacionales que podrían intervenir más eficazmente en estos asuntos — como la UE —, a ojos de los ciudadanos les falta legitimidad democrática. Pero los Estados se muestran reticentes, a veces con razón, a cederles más prerrogativas. Y hacen falta crisis como la que ahora atraviesa Europa, con todos sus corolarios, para que se plantee cómo romper este círculo.