Uno de los argumentos que más recurrentemente hemos podido leer en los últimos días es que la crisis de la deuda en la zona euro ha estado a punto de hundir a la moneda única por el tiempo — mucho, demasiado — que ha costado que los Gobiernos, con Berlín a la cabeza, se decidiesen a reaccionar. Y cuando lo han hecho, ha sido a su manera, remitiéndose a la iniciativa de la pareja franco-alemana.

Ocupando el sillón de mando, a veces a su pesar, [el dúo] “Merkozy” ha conseguido a duras penas evitar que el barco del euro se hundiese entre los arrecifes de la crisis — por lo menos hasta ahora. Su gestión de la urgencia y todo lo que queda por estipularse han concedido la victoria al método intergubernamental, el preferido por Angela Merkel y Nicolas Sarkozy, así como por el presidente del Consejo Europeo y quien ha tenido el papel más importante en la confección del compromiso entre los miembros, Herman Van Rompuy. Un método que cuenta con ventajas — al ser los jefes de Estado y de Gobierno quienes toman las decisiones, el proceso es más rápido, eficaz y legítimo — e inconvenientes — la ausencia de transparencia y la marginalización en la práctica de los países “pequeños”.

También deja de lado a las instituciones comunitarias (Comisión y Parlamento), lo que acaba por debilitar a toda la Unión. De hecho, ésta queda expuesta ante los ojos de la opinión pública como parte del problema y no de la solución.

José Manuel Barroso ha reivindicado mucho para que la Comisión desempeñe un papel de mayor relevancia, empezando por el control sobre el cumplimiento del nuevo pacto sobre el euro, aunque tanto a los analistas como a gran parte de la opinión pública la institución que preside sigue pareciéndoles un club de burócratas no electos que pretenden imponer a los Gobiernos soberanos la conducta que deben seguir en la gestión de sus presupuestos, es decir, la manera en que deben aplicar esa austeridad que consideran inevitable.

Ahí reside el principal límite de lo que se supone que encarna el Gobierno europeo: aunque cuenten con la confianza del Parlamento Europeo, los ciudadanos no han elegido a los comisarios, sino que estos han sido designados por los Estados miembros. Esta ausencia de un vínculo directo conlleva que numerosos europeos cuestionen la legitimidad democrática de las actuaciones de los comisarios. He ahí el motivo por el que sería deseable que fuesen electos, es decir, que sean directamente los ciudadanos los que los escojan o, quizá más factible a corto plazo, que el Parlamento lo haga entre sus propios miembros.