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Ya se ha convertido en una costumbre. Un año después de haber suscitado protestas por una ley que acentuaba el controlque el poder ejerce sobre los medios de comunicación, el Gobierno húngaro de Viktor Orbán aviva de nuevo la polémica en Europa. En este caso, por la entrada en vigor de la nueva Constitución del país, que acontece en el momento en que el Ejecutivo modifica el estatuto del banco central y reforma el tipo de escrutinio, y a la vez que le retira la frecuencia de emisión a una radio de la oposición.
Al igual que hace un año, aunque cada vez hay más voces que piden que se impongan sanciones por la deriva autoritaria de Viktor Orbán, los líderes europeos se abstienen de adoptar una postura, la Comisión “estudia” la situación y únicamente algunos eurodiputados reclaman una reacción por parte de la Unión Europea.
Sin embargo, ¿debemos sancionar a Hungría tal y como hicimos con Austria en el 2000, a raíz de que la extrema derecha de Jörg Haider accediese al Gobierno? En aquella época, los catorce socios de Viena rompieron cualquier contacto bilateral y retiraron su apoyo a los candidatos austriacos propuestos para puestos de organizaciones internacionales. Pero estas medidas se suspendieron al cabo de nueve meses, sin que el canciller Wolfgang Schüssel hubiese cedido ante las presiones. Y la extrema derecha austriaca se mantuvo en el poder hasta 2007.
Hungría plantea un problema espinoso. El sistema que ha articulado — hay que recordar el conjunto de medidas destinadas a favorecer el poder del Fidesz, el partido de Orbán — choca en muchos aspectos con los valores en que se sustenta el proyecto europeo. El debilitamiento organizado de todos los contra-poderes, la proximidad con el Jobbik, un partido de extrema derecha que cuenta con una milicia propia, o la exacerbación del nacionalismo ante las minorías magiares de otros países de la UE son razones más que suficientes para llamar al orden a Budapest.
No obstante, conviene no confundir el respeto de los valores y el conformismo con un consenso. Numerosos elementos del programa de Viktor Orbán podrían rebatirse, ser condenados o combatidos, pero forman parte del espectro político que puede encontrarse en todos los países europeos. La voluntad de mantener un control político sobre la política monetaria, por ejemplo, no es algo exclusivo del Fidesz, y el papel del banco central también ocupa un lugar privilegiado en las discusiones sobre la crisis de la zona euro. La referencia a Dios en la Constitución, el rechazo del matrimonio homosexual o la posibilidad de restringir el derecho al aborto son posturas conservadoras, pero que también existen en Grecia respecto al primer asunto, en Francia (por ejemplo) en relación al segundo, o en Irlanda, Malta o Polonia con el tercero.
Si Europa quiere mantener a la Hungría de Orbán dentro de los límites de la democracia europea, no debe equivocarse ni de objetivo ni de método, a riesgo de verse inmersa en dos procesos peligrosos. El primero sería el de sancionar a Budapest con grandes discursos y, a continuación, tener que echar marcha atrás como pasó con Austria, o verse obligada a emprender un incierto proceso de exclusión. El segundo sería instaurar un sistema de doble rasero al sancionar a Hungría por las posiciones políticas de su Gobierno, cuando otros Estados también podrían ser señalados con el dedo. Por muy reaccionaria que haya sido, dentro de la UE nunca se marginó a la Polonia de los hermanos Kaczyński.
El hecho de que Hungría sea una isla lingüística y cultural en medio de Europa refuerza la dialéctica peligrosa entre su tendencia a considerarse una fortaleza asediada y la incomprensión de sus vecinos que no disponen de todos los elementos que se barajan en sus debates internos. Razón de más para que Europa esté atenta, se mantenga firme en sus principios y sea clara y pertinente en las acciones que emprenda.
