Corren tiempos duros para la propiedad intelectual tal y como estaba concebida hasta ahora. Tras años de disputas sobre Internet y en los tribunales entre los derechos de los autores a ser remunerados por sus obras y los de los internautas a intercambiar contenidos, parece que hemos llegado a un momento crucial: tras el hundimiento de las leyes anti-piratería SOPA y PIPA en Estados Unidos, ahora le toca a Europa preparar el terreno.

El 16 de febrero, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estipuló que las redes sociales no pueden estar obligadas a poner en marcha un sistema de filtrado general con el fin de evitar que los usuarios descarguen contenidos pirateados. El Tribunal se posiciona a favor de la red social belga Netlog en el pleito que le enfrenta a la Sabam, la sociedad belga que defiende los intereses de los autores y compositores. Los jueces de Luxemburgo han ratificado su decisión del pasado noviembre, cuando estipularon que dicha obligación de filtrado no podía imponerse a los proveedores de acceso a Internet. En ambos casos, el TJUE considera que el filtrado violaría las normas europeas en materia de libertad de empresa y de protección de los datos personales.

A finales de febrero, el Parlamento Europeo debe iniciar la revisión del Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA), firmado por la UE así como por una decena de países a finales de enero, pero que debe ser ratificado por los Veintisiete y por los eurodiputados. Ese texto, rubricado en contra de su parecer por numerosas delegaciones, fue objeto de una protesta inédita en numerosos países, por las quejas respecto a los amplios poderes que otorgaría a los gobiernos en materia de restricción del acceso a Internet, en nombre de la lucha contra la piratería. Tras semanas de manifestaciones contra ACTA en Europa, y en particular en los antiguos países comunistas, donde son particularmente sensibles a cuanto concierne a las libertades civiles. El 11 de febrero, cientos de miles de personas tomaron las calles, de París a Varsovia, de Berlín a Sofía.

Ese llamamiento ha dado sus frutos: Alemania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Bulgaria y Rumanía han suspendido la ratificación del ACTA. Con respecto al Parlamento Europeo, que votó una resolución a favor del acuerdo en 2010, parece encaminado ahora a rechazarlo. La Comisión, que apoya el ACTA, encontrará dificultades a la hora de intentar convencer de que el texto trata de proteger la propiedad intelectual de las empresas europeas. Respecto a los grupos de presión de la industria del espectáculo y de la edición, al ver cómo cambian los aires, ahora imploran a los eurodiputados que aprueben el acuerdo.

La idea de la Red como espacio de libertad y de intercambio se perfila como un derecho inviolable en Europa. A pesar de todo, el asunto de la protección de los derechos de autor, también legítimos, no puede permanecer indefinidamente en la imprecisión en el ámbito europeo, con Estados que legislan cada uno a su aire.

Si los autores deben poder elegir libremente qué tipo de licencia otorgan a sus obras, según quieran privilegiar la difusión o los potenciales ingresos, los internautas también deben tener acceso a formas de pago adaptadas. Desde la licencia global al pago por unidad según las descargas, existen numerosos sistemas.

Como ha subrayado recientemente Frédéric Filloux, jefe de la popular Monday Note, hoy en día las fórmulas que vinculan un precio equitativo a la facilidad de compra y a una vasta elección son capaces de combatir la piratería. Ésta no desaparecerá, pero puede que deje de percibirse como una amenaza mortal para la creatividad.