Adiós al ACTA

Publicado en 22 junio 2012 a las 14:27

Lentamente, pero seguro, el ACTA se dirige hacia la papelera. El jueves, la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, recomendó a la asamblea rechazar el acuerdo comercial contra la falsificación. De este modo, comparte la posición de las otras tres Comisiones (Libertades Civiles y Desarrollo, Industria y Asuntos Jurídicos) que ya habían expresado su oposición a la adopción de este tratado que supuestamente regularía a nivel internacional las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual.

El comisario Karel De Gucht, que había dirigido el equipo de negociadores europeos del acuerdo, ha defendido el texto hasta el último minuto e incluso llegó a amenazar al Parlamento de recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para conocer su opinión y volverlo a someter a voto tras las próximas elecciones europeas en junio de 2014. Los eurodiputados tienen que votar el texto en sesión plenaria el 4 de julio y existen razones de peso para pensar que seguirán las recomendaciones de las Comisiones. Si lo rechazan, el texto no podrá entrar en vigor en la UE, aunque 22 de los 27 países de la UE ya lo hayan firmado.

El ACTA es un acuerdo polémico por su forma, ya que se negoció en secreto y fuera de las instancias multilaterales entre 2006 y 2010, hasta que WikiLeaks reveló su existencia y no se puede ni enmendar, ni discutir, pero se tendrá que aprobar o rechazar en bloque.

También su fondo es controvertido: opacidad, imprecisiones que dan pie a numerosas interpretaciones, eliminación de la presunción de inocencia de los infractores y amenazas a las libertades fundamentales, el uso compartido de conocimientos en el ámbito de las patentes y de los datos en Internet. Todo ello impulsó a muchas organizaciones a expresar su rechazo al ACTA, a alertar a los eurodiputados y a organizar manifestaciones en varios países, en las que participaron cientos de miles de personas.

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La derrota del ACTA es algo simbólico en muchos sentidos. En primer lugar, constituye un giro dentro del juego político tradicional de Bruselas, donde un gran número de textos se negocian entre los grupos de presión y los políticos. La mayoría transversal de liberales-Verdes-izquierda que surgió contra el texto, apoyado por la derecha y los conservadores, se mostró sensible a las protestas y a las presiones de la sociedad civil, más que a las de los poderosos lobbies de la industria cultural, farmacéutica o agroalimentaria.

Además, supone la victoria de la transparencia, corolario de la democracia, y del rechazo a las negociaciones secretas en círculos restringidos. Por otro lado, demuestra que existe una verdadera opinión pública europea, capaz de movilizarse sobre asuntos cruciales y que las instancias que la representan cumplen su función. Por último, significa un paso más hacia la consagración de Internet como espacio universal de intercambio, de uso compartido y de diálogo, un bien esencial cuyos usuarios son también los garantes.

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