¿Qué está pasando en Rumanía? Desde Bruselas y desde la mayoría de las capitales europeas, parece que el Gobierno de Victor Ponta está ejerciendo abuso de su poder al colocar a sus hombres en puestos clave del Parlamento y de la justicia, y al tratar de destituir al presidente Traian Basescu. Desde el punto de vista de la derecha rumana, se trata de un golpe de Estado que (casi), como quien no quiere la cosa, podría conducir a una dictadura. Para la izquierda rumana, es un simple reequilibrio de los poderes en perjuicio de un jefe de Estado que ha cometido abusos y que impedía que el Gobierno gobernase.

Sea como sea, los acontecimientos recientes tienen una importancia que supera las fronteras de Rumanía. Porque con 21 millones de habitantes es el séptimo país de la UE en población y porque la caída de Ceaucescu se convirtió en todo un símbolo de la lucha por la democracia en Europa. Pero también porque, en este período de crisis, ensombrecen todavía un poco más el retrato de la Europa de hoy en día.

Últimamente se ha recurrido mucho a la comparación con Hungría. Mientras en Budapest, un partido ultramayoritario se ha hecho con el poder, en Bucarest se enfrentan en una lucha bandos equilibrados. Y mientras el Fidesz del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, aplica un programa ideológico, el rumano USL de Ponta actúa, ante todo, movido por el oportunismo de hacerse con todo el poder (político y judicial) que le sea posible. Más allá de las diferencias, el resultado siempre es el mismo: un juego democrático falseado que constituye un desafío para los valores sobre los que se sustenta la Unión Europea.

Esta situación atestigua el fracaso de la apuesta de 2007, cuando la Unión Europea aceptó a Rumanía como miembro, a pesar de los retrasos en la puesta en marcha de un Estado de derecho equivalente al de sus socios. Los líderes europeos dieron por hecho que con la adhesión, acompañada de un proceso de supervisión, los progresos esperados estaban garantizados. La UE sigue lastrada por un Estado miembro problemático, mientras los rumanos continúan sintiéndose como europeos de segunda fila, todavía fuera del espacio Schengen y sometidos a informes periódicos sobre su evolución, en los que se señalan las insuficiencias del Estado. Un doble fracaso, por tanto, que refuerza la desconfianza mutua y que hace que la intervención de la UE en la actual crisis sea muy delicada.

No se trata de que la UE se posicione claramente en un bando o en el otro. Las élites políticas rumanas de ambos lados no han roto totalmente con los hábitos postcomunistas de tendencia autoritaria y de colusión entre política y negocios. La dureza del tono de algunos diarios rumanos muestra además que los intereses de unos y de otros van más allá del propio ámbito político.

En cambio, la Unión tiene razón en insistir en que el referéndum del 29 julio, que confirmará o anulará la suspensión del presidente Basescu, debe desarrollarse conforme a reglas claras. No hay que olvidar que el Gobierno de Ponta ocupa esa posición desde mayo, dado que el anterior, apoyado por Basescu, se debilitó por las continuas manifestaciones contra la política económica y social. Sin embargo, no se ha escuchado todavía a un actor de esta crisis, el pueblo rumano, cuya voz debe resultar preponderante. Se dejará oír por primera vez el 29 de julio y, una segunda vez, en las elecciones legislativas previstas para el próximo noviembre.

Europa únicamente podrá contribuir a solucionar esta crisis si continúa garantizando el buen desarrollo de estas votaciones, y si controla la separación de poderes. Y también si muestra que sabe defender sus valores.