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La dimisióndel comisario de Sanidad y Política de Consumo, John Dalli, acusado de no haber denunciado las presiones de un lobbista también maltés de las que había sido objeto, podría haber sido la ocasión para que las instituciones europeas probaran que se puede mezclar la ética con la transparencia. Dos virtudes que frecuentemente se les reprocha de ignorar.
Sin embargo, la evolución que está tomando el asunto parece ir en la dirección opuesta: la Comisión se niega a facilitar al Parlamento Europeo el informe de la Oficina Anti-Fraude de la UE (OLAF), arguyendo que tal informe está actualmente en manos del fiscal general de Malta. Preguntado por nuestro colega EUobserver, este ha explicado que no puede entregar el informe público "hasta que la investigación no sea concluida". Otras irregularidades también han aparecido en la forma en la que el informe ha sido transmitido por la Comisión al comité de vigilancia de la OLAF.
Pero según un portavoz de la OLAF, también consultado por EUobserver, el presidente de la Comisión José Manuel Durao Barroso podría prescindir de las reservas mostradas por la justicia maltesa, si ello fuera "necesario o legalmente exigido por importantes razones de interés público".
Se puede estimar legítimamente que dichas razones existen. Tanto más cuando la dimisión de Dalli ha llegado cuando estaba implicado en otro asunto sumamente delicado: el endurecimiento de la legislación anti-tabaco. Dalli acusa al poderoso lobby de los "big tobacco" de haberle tendido una trampa. El informe de OLAF fue entregado ha Barroso el 15 de octubre; al día siguiente, este pidió a Dalli que dejara su puesto. Sería desable que el presidente de la Comisión Europea y sus servicios dieran prueba de la misma urgencia para asegurar toda la transparencia en el asunto.
