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El Tratado de Lisboaotorga, entre otras cosas, poderes más amplios al Parlamento Europeo. Esta semana, la asamblea los ha puesto a prueba con un asunto delicado donde los haya: el nervio de la guerra, el presupuesto. Ha empezado reclamando una reformade la financiación de la Unión, con el fin de dotarla de medios para cumplir sus objetivos y que se basa en la introducción de nuevos impuestos. A continuación, el Parlamento ha votado un aumento del presupuesto del 5,9%, casi el doble de lo que habían deseado los Estados miembros.
Acto seguido, los eurodiputados han concluido un acuerdo interinstitucionalcon la Comisión que les atribuye mayor poder, en especial en las negociaciones internacionales y en materia de acceso a documentos secretos. Este acuerdo ha sido impugnadopor el Consejo, que no ha participado en las negociaciones sobre el mismo, pues se ha autoexcluido, y ha anunciado que llevará ante el Tribunal de Justicia "cualquier acto emprendido por la Comisión o el Parlamento en aplicación de este acuerdo y que afecte a sus intereses o prerrogativas".
De este modo, el Parlamento ha tomado conciencia de los nuevos poderes que le otorga el Tratado de Lisboa y parece tener la intención de hacer uso de ellos y de beneficiarse de la máxima cobertura posible. La Comisión parece que comparte y apoya esta línea de actuación. El Consejo, en el que están representados directamente los Estados miembros, es el que sufre más porque no puede aprovecharse de las nuevas normas. De repente, parece librar una batalla en la retaguardia para mantener el statu quo. En este nuevo contexto institucional, los tres protagonistas intentan buscar su lugar. Y los elegidos por el pueblo parecen ir en la dirección correcta para imponer su voluntad.
