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Es toda una novedad en Francia. El 15 de diciembre, un expresidente de la República — Jacques Chirac — ha sido condenado a dos años de prisión con sobreseimiento por los cargos de "abuso de confianza, malversación de fondos públicos y uso indebido de su cargo", como recoge Libération en portada. La cuestión se refería a empleos ficticios en el ayuntamiento de París que permitieron financiar al RPR, el antiguo partido de Chirac, por aquel entonces alcalde de la capital. Con 79 años y achaques neurológicos, Chirac ha decidido no recurrir la sentencia.
Para Libération, este veredicto emitido tras un proceso que se ha prolongado 16 años despeja el problema del estatuto penal del jefe de Estado y de su inmunidad mientras ejerce su cargo.
No es que sea razonable imaginar que el presidente pudiera ser juzgado como una persona corriente. Pero existe una gran diferencia entre ese sinsentido y la cuasi-inmunidad de la que ha gozado Jacques Chirac durante casi veinte años. Los mejores expertos en los asuntos constitucionales y de competencia judicial sabrán concebir, de hecho lo han demostrado, otro estatuto para el jefe de Estado que evite que se plantee la influencia de esta extravagancia institucional sobre el desarrollo de la democracia.
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En la misma línea se manifiesta Le Monde, que considera que
Si se debe dar crédito por esta condena simbólica a la Justicia y a la democracia, también debería suponer que los políticos se planteen reabrir el debate sobre la inmunidad total del presidente de la República, a cuatro meses de las [próximas] elecciones presidenciales. […] Como garante estatutario de la independencia de la Justicia, no se le puede procesar aunque, como cualquier otro sujeto sometido a la acción de los tribunales, sí que puede presentar demandas contra quien le parezca. Sarkozy se ha servido de ello […]. Y queda como una anomalía, algo que corregir.
