El 7 de junio, los ministros europeos de Interior decidieron, a instancias de París y Berlín, reforzar las fronteras entre los Estados miembros del espacio Schengen. Los controles podrán restablecerse sin el aval de la Comisión. Además, el mecanismo de control de los acuerdos de Schengen sobre la libre circulación propuesto por los Estados excluye a la Comisión y al Parlamento.

Los diputados europeos respondieron el 14 de junio con la suspensión de su cooperación con el Consejo Europeo sobre cinco capítulos, entre ellos el de Schengen. El 12 de junio, ya habían amenazado con llevar al Consejo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Para Dilema Veche, este pulso “no concierne únicamente a los controles de las fronteras”:

En la conocida batalla por el poder que enfrenta (desde hace décadas) al Parlamento y al Consejo, lo que está en juego es la propia definición de la Unión Europea: una asociación de Estados miembros sobre la base de tratados intergubernamentales o un espacio común, político y, Dios mío, fiscal…

Para el semanario de Bucarest, la decisión de los ministros es, simultáneamente, un golpe bajo a la directiva Bolkestein sobre los servicios, una "medida proteccionista para los mercados nacionales de trabajo en tiempos de crisis", y la prueba de un discurso alemán y francés "casi esquizofrénico":

Por un lado, Alemania quería una unión fiscal y Francia una integración financiera más profunda, y, por otro, los dos países quieren relaciones intergubernamentales en lo relativo a Schengen.