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Según informa EUobserver, Gran Bretaña ha optado por aceptar la Orden de investigación europea o EIO (European Investigation Order), que ha sido “durante mucho tiempo un escollo en el ámbito de la cooperación europea sobre justicia y asuntos internos”. Teresa May, ministra de Interior del Reino Unido, ha calificado la polémica propuesta de la directiva, que concede a las fuerzas policiales extranjeras el derecho de solicitar a la policía del Reino Unido que busque y comparta pruebas sobre sospechosos en Gran Bretaña, como una “herramienta inestimable” en la lucha contra el crimen transfronterizo.
El sitio web con sede en Bruselas destaca que los grupos defensores de las libertades civiles están muy descontentos con esta noticia y exponen que la actual propuesta de borrador elimina las disposiciones existentes basadas en la territorialidad y la condición del “doble delito”, es decir, “que la acción sobre la que se busca información debe constituir un delito punible en ambos Estados”.
EUobs explica que “esto significaría que una persona que cometa un acto que sea legal en el Estado miembro en el que haya tenido lugar podría, según los críticos, estar sujeta a registros domiciliarios, empresariales y personales, a investigaciones financieras y a algunas formas de vigilancia encubierta, si dicha acción se considera delito según la ley de otro Estado miembro”.
En opinión de Fair Trials International, “Las propuestas además son parciales. Si una persona es sospechosa, no tendrá derecho a solicitar información a la policía extranjera para demostrar su inocencia”. La organización benéfica que defiende los derechos humanos predice un panorama en toda Europa en el que se intercambie información confidencial de los ciudadanos sin una protección adecuada, como grabaciones de conversaciones, registros bancarios y ADN, sin que la policía nacional "pueda negarse" a facilitar la información solicitada.
Dentro de dos meses la Comisión Europea deberá emitir su opinión sobre la directiva propuesta y EUobserver pone un ejemplo provocador de cómo podría utilizarse la posible legislación. Mientras que la negación del Holocausto es ilegal en Alemania y en otros 12 países de la UE, no constituye un delito en Reino Unido, Suecia o España. “De este modo, en teoría Alemania podría utilizar la EIO contra alguien que negara el Holocausto en un país en el que hacerlo sí es legal”.
