“En nombre de la defensa del mercado único, la Comisión Europea ha decidido […] subir de 17,6% a 58,8% los derechos de aduana sobre 55 artículos de vajilla de porcelana y de loza importados de China”, anuncia Les Echos. El diario económico precisa que “Bruselas ha abierto este procedimiento a raíz de una queja de los productores europeos presentada el 31 de enero de 2012” y que “esta subida es provisional: el próximo mayo, tras nuevos estudios, y si el dumping se confirma, la Comisión pedirá a los Estados miembros que voten si mantener o no esa penalización durante cinco años”.

“¿Es necesario hablar de una decisión ‘importante y valiente’?”, tal y como lo han hecho dos ministros franceses, se plantea el diario parisino en su editorial:

Esta decisión no tiene nada de excepcional. La Comisión ya ha tomado recientemente otras medidas encaminadas en ese mismo sentido. Ha abierto dos investigaciones sobre paneles solares, que tienen un peso mucho mayor en el déficit comercial de Europa frente a China (más de 20.000 millones de euros de importaciones el año pasado). Y prevé lanzar otra investigación sobre el sector de más alta gama y, por tanto altamente simbólico, de los equipamientos de telecomunicaciones. En China, las autoridades y los medios de comunicación empiezan a dar muestras de irritación frente a este endurecimiento, lo cual no es en sí mismo una mala señal.

Esta nueva actitud de Bruselas no está tan relacionada con la crisis económica en Europa, como con el éxito económico de China. Para mantener un alto crecimiento, sus líderes han dejado que toda una serie de prácticas contrarias a las reglas del comercio internacional prosperen, como el no-respeto de la propiedad intelectual, la subvención de colectividades locales o el dumping. El país más grande del mundo ya no es una nación pobre que merece una consideración especial, así que es lógico que su primer socio comercial, la Unión Europea, intervenga caso por caso allí donde los límites se han superado, exigiendo que se respeten escrupulosamente las reglas fijadas por la Organización Mundial del Comercio. Pero sería ilusorio creer que la industria europea puede salvarse aplicando unos derechos de aduana en unos u otros productos.