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El anuncio de la publicación de listas de defraudadores fiscales, hecho el 13 de diciembre por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no ha sido bien acogido en Bruselas, informa El Economista. Según un alto funcionario europeo consultado por el diario económico, tal acción sería "ilegal y contrario al derecho comunitario y a la directiva europea de protección de datos personales”.
El montante del fraude fiscal, debido en un 70% a las grandes empresas y a las grandes fortunas, alcanzaría los 90.000 millones de euros anuales, según el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda. Pero El Economista se muestra crítico hacia la iniciativa:
Sabe también el ministro que en esta ocasión juega a favor de la corriente de la opinión pública que siempre ve con buenos ojos eso de que los ricos también lloran. Pero lo que no puede, o al menos no debería poder hacer Montoro, es ir contra la ley y el Estado de Derecho. Y tanto en Bruselas, como aquí en España, los expertos y juristas consultados coinciden en afirmar que esa posible lista de defraudares es a todas luces ilegal.Otra cosa es, precisan, que en unos momentos de especiales dificultades económicas y cuando se están pidiendo sacrificios a los ciudadanos, sea moralmente exigible una eficaz lucha contra el fraude por parte del Gobierno.
