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El Tribunal Constitucional decidió paralizar de manera cautelar el decreto antideshaucios de la Junta de Andalucía, en vigor desde el 12 de abril.
El decreto permitía expropiar las viviendas a los bancos y atribuirlos a las familias en situación precaria e incapaces de pagar sus hipotecas. Hasta el momento, precisa el diario, doce familias se han beneficiado de la medida.
El Gobierno central español, que considera que el decreto es inconstitucional y que acentúa la incertidumbre jurídica del sector bancario español, una posición que también comparte la Comisión Europea, recurrió al Constitucional, que dispone de cinco meses para emitir su veredicto.
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