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El primer ministro búlgaro Plamen Orecharski anunció el 6 de noviembre que el examen de las demandas de asilo sería acelerado, para expulsar con más rapidez a aquellas cuya solicitud se rehúse.

Ante el flujo de refugiados al que hace frente el país, el jefe de Gobierno aseguró que las medidas puestas en marcha para contener esta situación costarán alrededor de 20 millones de léva (10 millones de euros) de aquí a finales de año, explica Pressa.

El 4 de noviembre, el Gobierno anunció un refuerzo de los controles en las fronteras y la puesta en marcha de campos de retención.