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La decisión de la Audiencia Nacional del 19 de noviembre, dictando orden de detención para el expresidente chino Jiang Zemin, de 87 años y otros cuatro ex altos cargos chinos, "como presuntos responsables de un delito de genocidio contra el pueblo tibetano" ha desencadenado un "conflicto diplomático. Y precisamente con el país en el que España había puesto los ojos como un nuevo El Dorado asiático para las empresas españolas", escribe El País.

La decisión del tribunal se basa en el principio de la jurisdicción universal sobre crímenes que afectan a ciudadanos españoles, incluso cuando están fuera de España.

China ha expresado su "malestar" tras la decisión y ha reaccionado convocando al embajador español en Pekín.

La decisión se produce tras la denuncia en 2006 de Sherpa Thubten Wangchen, tibetano nacionalizado español, y organizaciones de derechos humanos tibetanas, contra las acciones del Gobierno chino en Tíbet tras la invasión de 1950.