El Gobierno español prepara una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para recortar la capacidad de los tribunales españoles para juzgar los delitos de genocidio cometidos fuera de España, informa El País

Esta decisión llega tras la orden de detención emitida el 19 de noviembre contra el expresidente chino Jiang Zeming y el ex primer ministro Li Penga, tras una denuncia por genocidio del pueblo tibetano presentada por un ciudadano tibetano nacionalizado español ante la Audiencia Nacional.

La reforma prevé que las denuncias solo serán aceptadas si la víctima era un ciudadano español en el momento de la comisión del delito, y la posibilidad de un veto del Consejo de Ministros por razones "de interés general", precisa el diario:

El Gobierno de Mariano Rajoy no esta dispuesto a que la jurisdicción universal de los tribunales españoles ponga en peligro las relaciones diplomáticas y económicas con otros países, especialmente del peso de China.