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El Gobierno alemán podría rechazar el acuerdo de libre comercio negociado entre la Unión Europea y Canadá (CETA) por “miedo a que las empresas extranjeras adquieran demasiado poder”, según un informe de Cerstin Gammelin, corresponsal en Bruselas de Südddeutsche Zeitung.
Los diplomáticos alemanes de la UE confirmaron el viernes que el Gobierno alemán no puede firmar el tratado con Canadá “tal como está negociado en la actualidad”. Alemania estaría preparada en términos generales para iniciar el tratado en septiembre, aunque el apartado sobre la protección legal de los inversores es “problemático” y de momento no se considera aceptable.
De acuerdo con el periódico, la aceptación de la asociación transatlántica para el comercio y la inversión (TTIP por sus siglas en inglés) con EE UU “depende de” la aceptación del CETA por parte de los 28 Estados miembros.
“El acuerdo de libre comercio con Canadá es una prueba para el acuerdo con EE UU’, dijo un alto Comisionado de la UE en Bruselas. Si se rechaza el acuerdo con Canadá, “el acuerdo con EE UU está también acabado”.
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Berlín ha confirmado en diversas ocasiones su reticencia a las cláusulas de protección de las inversiones negociadas dentro del marco del CETA y del TTIP, aunque la canciller Angela Merkel ha manifestado su apoyo general a un acuerdo de libre comercio con EE UU.
En algunos Estados miembros, la controversia radica en las empresas de valores legales a la hora de invertir en otros países. Mientras que la protección de las inversiones fue aceptada en términos generales en el acuerdo de libre comercio con Canadá, esas mismas cláusulas fueron rechazadas con EE UU. […] El ministro y vicecanciller de Economía, Sigmar Gabriel, recalcó que la idea de conceder cobertura legal a los inversores estadounidenses en el acuerdo es superflua. No hizo ningún comentario sobre el hecho de que los Estados miembros han encomendado a la Comisión de la UE que negocie esas cláusulas, y que las incluya en el acuerdo con Canadá.
Esas cláusulas de protección de las inversiones se conocen como mecanismos de resolución de controversias entre Estado e inversores (ISDS). Los defensores de los ISDS afirman que son necesarios para llevar a cabo un trabajo de inversión bilateral. Los que se oponen a esas medidas aseguran que otorgarán demasiado poder a las empresas para enfrentarse a los estados y gobiernos en los tribunales y para evadir las normativas.
