La conferencia de presidentes del Parlamento Europeo ha aprobado el plan de su presidente, Jerzy Buzek, que pretende eliminar la corrupción entre los eurodiputados. Según Rzeczpospolita, el proyecto se asentará sobre cuatro pilares: un registro obligatorio de los lobistas (hasta ahora voluntario), la consolidación del código de conducta de los diputados para fijar normas claras en lo que se refiere a su relación con los lobistas, la modificación de las reglas de procedimiento (necesaria para la adopción de una nueva reglamentación) y por último, pero no por ello menos importante, la puesta en marcha de un comité ético en el seno del Parlamento.

“Actualmente”, apunta el diario de Varsovia, “no existe ningún organismo que pueda determinar si un diputado ha infringido el código de conducta”. Esta iniciativa anticorrupción surge tras lasrevelaciones de The Sunday Times, el periódico ha ofrecido sobornos a varios diputados, que éstos han aceptado encantados.

Aunque, Buzek ha autorizado a la Oficina Europea de la Lucha Antifraude (OLAF) para que abra una investigación contra los diputados corruptos, le ha prohibido el acceso a los despachos de los parlamentarios, segúninforma EUobserver. Para eso, “en primer lugar, deben ser privados de su inmunidad y las autoridades nacionales austriacas y eslovenas tendrían que intervenir para iniciar un procedimiento penal”, ha justificado el presidente del Parlemento Europeo.

Si bien los eurodiputados Ernst Strasser (Austria) y Zoran Thaler (Eslovenia) ya han dimitido como consecuencia de este escándalo, el rumano Adrian Severin sigue sus actividades como diputado independiente. Según Revista 22, que hace un repaso por otros casos de corrupción en las instituciones europeas, este asunto no es más que “la punta del iceberg”.

Asimismo, en 2008, uno de los funcionarios alemanes más influyentes de la Comisión Europea, Fritz Harald Wenig, se vio obligado a dimitir tras una investigación que realizara The Sunday Times utilizando el mismo método, subraya el semanario de Bucarest: “periodistas que se hicieron pasar por grupos de lobby” intentando sobornar a los eurócratas.

El semanario desgrana la lista de precedentes: en 2004, la griega Kalliopi Nikolaou, trabajadora del Tribunal de Cuentas de Luxemburgo, habría utilizado sus inmerecidas primas para comprar un apartamento en Londres; mientras que en 1991, la comisaria francesa Edith Cresson colocó a un amigo próximo en un puesto de investigación financiado por fondos europeos. En resumen, concluye Revista 22, “la corrupción sobrevuela Bruselas”.