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Bulgaria es uno de los países olvidados de la UE. De ahí el poco eco que se ha hecho la prensa europea de las manifestaciones que llevan convocándose desde hace más de 40 días y, más en concreto, de los enfrentamientos que se produjeron ante el Parlamento el 23 de julio. Este país de 7 millones de habitantes, miembro de la Unión desde 2007 y situado en uno de sus confines orientales, no es lo suficientemente importante para que nos preocupemos por la suerte que corre.
Y, sin embargo, el motivo que alienta todas sus protestas debería preocuparnos a todos los europeos. Se trata de un asunto en el que convergen la Unión Europea y los valores democráticos que se supone comparten todos sus habitantes: el Estado de derecho y que lo respeten las autoridades vigentes.
En Bulgaria, tal y como subraya el Frankfurter Allgemeine Zeitung, “personas que en su gran mayoría proceden de la vieja nomenklatura comunista y de sus servicios secretos se han apropiado de gran parte de las instituciones del Estado para poder hacer sus negocios en una zona ambigua entre la política, la economía y el crimen organizado”.
Todo el mundo lo sabe, como lo demuestran los informes de evaluación de la UE sobre la reforma de la justicia, la corrupción y la lucha contra el crimen organizado. Pero aparte de la suspensión de las subvenciones europeas, la UE no ha tomado ninguna medida seria para conseguir que las autoridades búlgaras cumplan los compromisos que adquirieron con la adhesión de su país.
Bulgaria no es el único país que tiene problemas al respecto. Rumanía, que también está sometido a esos mismos informes de evaluación, tampoco tiene un comportamiento irreprochable. Y las reformas constitucionales introducidas por el Gobierno de Víktor Orbán en Hungría, que el Consejo de Europa ha criticado numerosas veces, también son objeto de debates periódicos en el seno del Parlamento Europeo.
Pero las discusiones sobre estos tres países están excesivamente politizadas. Víktor Orbán se beneficia del apoyo incondicional de gran parte del Partido Popular Europeo (PPE), mientras que sus posturas euroescépticas y proteccionistas acentúan la desconfianza de los liberales. La última campaña electoral rumana fue la representación de una lucha de poder entre el PPE, los socialistas y los liberales europeos. Y el jefe del Partido Socialista búlgaro, que actualmente ostenta la mayoría en Sofía, Serguei Stanichev, es el presidente del Partido Socialista Europeo (PSE) y no ha criticado los recientes dudosos nombramientos contra los que se alza la voz en las calles.
¿Cómo evitar esta instrumentalización y defender realmente el respeto por el Estado de derecho en Europa? La puesta en marcha de un mecanismo de control independiente, propuesto por el eurodiputado Rui Tavares para el caso de Hungría, es un primer paso. Otro es el que “se debe debatir más, ahondar más allá de los problemas económicos, sobre la forma en que los Estados miembros aplican las normas del Estado de derecho y garantizan el respeto de los derechos fundamentales”, el que ahora se plantea la Comisión Europea.
Porque al igual que la adhesión a la moneda única debía respetar los famosos criterios de convergencia del tratado de Maastricht, la adhesión a la UE también somete a los criterios de Copenhague, que incluyen la democracia y el Estado de derecho. Únicamente la crisis ha hecho que los Estados miembros aceptasen reforzar las sanciones y su aplicación en caso de que no se respetasen los criterios económicos, pero se mantienen pusilánimes a la hora de evaluar y sancionar el incumplimiento de las reglas de derecho.
Podemos ver las consecuencias de este doble rasero al día siguiente de los altercados de Sofía. En Grecia, sometida a un memorándum de austeridad a cambio de una ayuda financiera, un partido neonazi con representación parlamentaria pudo organizar el 24 de julio un acto de masas que había sido prohibido y hacerlo, además, al son del himno nazi, en plena calle y sin que nadie les molestase.
¿Podría la propia UE imponer medidas y tablas con sanciones que se apliquen por la organización política e institucional de sus Estados miembros? En el actual contexto de desconfianza hacia “Bruselas”, esta intromisión en la soberanía de los Estados sería un paso arriesgado. Pero es precisamente esa tolerancia hacia las afrentas contra los valores democráticos la que alimenta el rechazo hacia la UE y, en el caso de Bulgaria y de Rumanía, hacia los nuevos miembros del club, tanto de los han entrado como de los candidatos. La senda por tanto es muy estrecha, pero bien podría ser que un día sea la necesaria.
