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Las revelaciones, publicadas recientemente por Mediapart, sobre el pirateo que ha sufrido el servicio de mensajería del Parlamento Europeo hubiese podido ser el momento de revisar la seguridad informática de las instituciones europeas. Resulta difícil imaginar un momento mejor. Presionada por los eurodiputados y las asociaciones que piden desde hace años que se rompan los contratos que les vinculan con Microsoft, frente a las revelaciones de Edward Snowden sobre el dispositivo de espionaje mundial puesto en marcha por los Estados Unidos, estas instituciones cuenta desde ahora con la prueba de lo fácil que resulta colarse en un servicio de mensajería. El próximo año la Comisión Europea, que suscribe los contratos para el conjunto de las instituciones de la Unión Europea, tendrá la oportunidad de renegociar sus contratos con el gigante estadounidense de software, su principal proveedor desde hace veinte años.
Hasta ahora, la Comisión Europea hace oídos sordos y no quiere ver cuál es el problema de fondo, alegando que el pirateo del Parlamento Europeo se trata de un simple problema "técnico". Mediapart planteó preguntas por los motivos subyacentes, el hacker insistió en la dimensión política que tiene su acción. No se trata de atacar a un software en concreto. Más allá de la falta de reacción de los responsables políticos frente al escándalo Prism, querría "hacer que reaccionasen un poco" para "mejorar la toma de conciencia" y, "hacer que mejoren las cosas para el próximo mandato".
Porque a la Comisión Europea le corresponde renegociar con Microsoft sus dos principales contratos, que finalizan en 2014. Sin embargo, desde 1993, la empresa fundada por Bill Gates ha conseguido seguir siendo el principal socio de las instituciones europeas. La alianza se ha afianzado en seis ocasiones, sin ninguna competencia, porque no se ha convocado ningún concurso público.
Procedimientos negociados
La concesión de mercados públicos se ve enmarcada dentro de un "reglamento financiero" que prevé, por defecto, que todo contrato sea previamente sometido a un proceso de competencia. Pero los textos contemplan igualmente algunas derogaciones que permiten a la Comisión elegir directamente a una empresa, en el marco de un "procedimiento negociado", concretamente porque es la única capaz de dar respuesta por sí misma al conjunto de la demanda. Y, [[hasta ahora, Microsoft siempre se las ha arreglado para beneficiarse de uno de estos "procedimientos negociados"]].
En los años 1990, el argumento principal al que remitía este trato de favor era que la empresa estadounidense era casi la única de su sector del mercado. Conforme iban apareciendo alternativas potenciales, la Comisión comenzó a justificar su elección por el mero hecho de que cambiar de proveedor supondría un coste muy elevado y ponerlo en práctica sería demasiado complicado técnicamente.
Este último argumento es justamente el que esgrimen los defensores del software libre, es decir del abierto y que no depende de ninguna licencia de uso, que reclama y exige una verdadera ruptura con el sistema actual. "De hecho, lo que dicen es que ‘no podemos comprar más que Microsoft porque sería demasiado complicado que funcionase cualquier otro’. Y todo ello nos lleva al asunto del ‘lockin’, del aislamiento", explica Karsten Gerloff, presidente de la Free Software Foundation Europe (FSFE).
Un procedimiento opaco
Este casi-monopolio resulta aún más extraño cuando las instituciones europeas no cesan de alabar las virtudes de la competencia y la necesidad de mercados públicos transparentes, así como los logros de los programas informáticos libres. Además, los distintos equipos técnicos parecen ser plenamente conscientes de lo que está en juego.
En el seno del Parlamento Europeo existe una asociación de usuarios de programas informáticos libres, el EPFSUG, que trabaja en colaboración con la Dirección de los Servicios Informáticos (DIGIT). Además, las instituciones europeas ya han puesto en marcha muchos proyectos de software, como "AT4AM" que permite gestionar las enmiendas. Por su parte, la Comisión puso en marcha en 2011 una "estrategia para el uso interno de software libres" baja una especie de una declaración de intenciones. Pero el documento, que se detiene en 2013, hasta el momento no se ha actualizado.
Los diputados no han dejado de preguntar a la administración sobre este asunto. [[En 2012, el Parlamento pidió explicaciones sobre el empleo de programas informáticos libres]] con motivo de la votación de la aprobación de la gestión, es decir, del control presupuestario para el año 2011, durante el que se cerraron los últimos acuerdos con Microsoft. Desde entonces, el grupo Verde lucha por conseguir respuestas.
Contratos secretos
Los detalles de los propios contratos firmados con Microsoft en 2011 no se han hecho públicos. "Lo que alegan es que no pueden dar los detalles del contrato porque eso contravendría los intereses comerciales de Microsoft", explica Karsten Gerloff. "Personalmente, como ciudadano, me dan igual los intereses comerciales de Microsoft. Lo que me interesa, como contribuyente, son los intereses de las instituciones europeas, saber a dónde va mi dinero, si se emplea de manera eficaz o no. Ahora bien, la tendencia es sobre todo la de conservar los contratos de suministro secretos".
Hoy en día, la Comisión Europea está vinculada a Microsoft a través de dos contratos. El primero, a través de un suministrador de Fujitsu, éste directamente sobre el suministro de software por valor de 50 millones de euros. El segundo, firmado directamente con Microsoft por valor de 44,7 millones de euros, trata sobre el "soporte", es decir, el mantenimiento de los programas informáticos vendidos.
Ambos contratos se extinguen el próximo año. ¿Se decidirá la Comisión a dar el paso hacia los programas informáticos libres poniendo en duda su dependencia frente a Microsoft?
A pesar de que Mediapart ha preguntado por la intención de la Comisión Europea de convocar o no, un concurso público, la institución rechaza por el momento manifestarse al respecto. Recuerda que "sus decisiones en el ámbito de la elección de programas informáticos, por una parte, respetan siempre plenamente la legislación aplicable en materia de mercados públicos y, por otra, se basan en los análisis coste-beneficio para determinar el coste total de dominio (y los riesgos) de cada alternativa".
