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Era el pariente pobre del Consejo Europeo del 22 de mayo y con razón: mientras que la evasión fiscal, la “estrella” de la cumbre, equivale a cerca de un billón de euros al año en Europa, la dependencia energética del Viejo Continente en materia de combustibles fósiles “sólo” representa 388.000 millones de euros al año.
Sin embargo, los Veintisiete llevan tratando la cuestión del abastecimiento energético desde hace tiempo. Mientras luchan con una economía que a duras penas crece, cuentan con una bajada de la factura energética para invertir la tendencia y volver a lanzar la competitividad de sus empresas. Fascinados por el ejemplo de Estados Unidos, cuya recuperación se ha fomentado con una energía más barata gracias sobre todo a la explotación del gas y del petróleo de esquisto y atemorizados por la evolución de los precios de la electricidad, se plantean un triple objetivo: garantizar unos precios asequibles para los clientes, reducir la factura de las importaciones y asegurar la continuidad de la producción doméstica. Todo ello, por supuesto, respetando los compromisos entablados en materia de reducción de emisiones de CO2.
Para hacer realidad este milagro, no sólo será necesario que los Estados miembros dejen a un lado sus intereses nacionales (y la energía es sin duda uno de los ámbitos en los que el interés nacional prevalece sobre todo lo demás entre los Veintisiete), sino que además deberán aceptar invertir masivamente en el desarrollo de las energías “verdes”, en nuevas instalaciones de producción de energía térmica e infraestructuras para transportar las materias primas y la electricidad. El coste de todo esto, según ha calculado Herman Van Rompuy, ascendería a “un billón de euros de aquí a 2020”. Un billón… quién lo diría.
Al mismo tiempo, como recordó el presidente del Consejo Europeo durante la conferencia de prensa posterior a la cumbre, “los Estados pueden desarrollar igualmente medios seguros y sostenibles para obtener sus propios recursos, ya sean convencionales o no. Y sí”, añadió, “eso incluye el gas de esquisto, que puede incluirse en la combinación energética de ciertos países miembros”. Algunos de ellos, como es el caso de Reino Unido o Rumanía, no han esperado al Consejo Europeo para iniciar la explotación de este hidrocarburo, cuyas reservas parecen ser extraordinarias en Europa, pero cuya explotación es de lo más polémica, debido a su impacto medioambiental duradero. Y los grupos industriales no piden otra cosa.
No obstante, antes de dar la espalda a la ambición de convertirse en los precursores de la era posterior al petróleo puesto que precisamente carecen de él, y antes de empezar con las perforaciones, los Estados miembros, si realmente quisieran echar una mano a sus empresas en el frente de la energía, podrían empezar por reducir los impuestos: en Estados Unidos, los impuestos sobre la electricidad vendida a la industria son igual a cero, mientras que en la UE ascienden de media a cerca de un céntimo de euro por kilovatio-hora.
