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Un billón de euros. Según la Comisión Europea, este sería el coste anual de la evasión fiscal dentro de la UE. Es el equivalente a alrededor de la mitad del PIB de Italia. O la cifra con la que se podría salvar hasta sesenta veces la economía chipriota.
Ahora que a los europeos se les pide que se aprieten el cinturón y que 26 millones de ellos se encuentran sin empleo, esta cifra nos insta a reflexionar.
La investigación sobre los paraísos fiscales realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, International Consortium of Investigative Journalists (quizás el más importante ejemplo de colaboración periodística de la historia) y publicada estos días en una treintena de títulos de prensa del mundo, revela al gran público los mecanismos de evasión fiscal de alto nivel y los nombres de varias decenas de miles de sus adeptos, sobre todo en Europa.
Se trata de un fenómeno conocido desde la liberalización de los flujos financieros, a finales de los años ochenta y principios de los noventa, cuando estallaron los primeros grandes escándalos político-financieros en el Viejo Continente. Fue entonces cuando la opinión pública conoció la existencia de países, sobre todo en el Caribe, que parecían existir únicamente para proporcionar un lugar donde proteger las fortunas del fisco.
Este fenómeno ha vuelto a acaparar recientemente los titulares, durante la crisis bancaria de Chipre. En este caso, los europeos se han dado cuenta de las nefastas consecuencias de la ausencia de armonización fiscal.
Si bien dicha ausencia ha permitido a varios países como Chipre o Irlanda vivir un auge que la estructura de su economía no autorizaba, gracias una política fiscal ventajosa, ha alentado la transferencia masiva de capitales que escapan a la Hacienda de los Estados en los que se generan. Una competencia fiscal que amenaza la propia unidad de la UE, mientras los Estados miembros intentan salir adelante entre saneamientos presupuestarios, lucha contra el déficit y apoyo al crecimiento.
Cada vez que vuelve a surgir la cuestión, se vuelve a plantear la idea de una armonización fiscal dentro de la Unión… para olvidarla al instante. El comisario de Fiscalidad Algirdas Semeta creó en 2010 un “grupo de acción”, pero la resistencia por parte de ciertos Estados miembros parece insalvable: el incentivo fiscal es uno de los últimos elementos de la política económica del que pueden disponer de manera soberana y no parecen estar dispuestos a renunciar a ello. Aunque esto implique ver cómo miles de millones se marchan a lugares más benévolos.
¿Bastaría con una fiscalidad armonizada para poner fin a la sangría hacia los paraísos fiscales? Lo más probable es que no. Tendría que ir acompañada de una política más represiva con respecto a las entidades bancarias europeas que fomentan y practican la migración hacia los paraísos fiscales "offshore", así como de acuerdos bilaterales con los bancos para que cooperen con las autoridades de los países “expoliados”.
Pero a juzgar por el número de responsables políticos, o de sus socios, citados en la investigación “Offshore Leaks”, no hay muchos motivos para ser optimistas.
