El 9 de mayo, el Ministro de Trabajo egipcio Hassan Shehata y el Ministro de Inmigración y Asilo griego Dimitris Kairidis (Nueva Democracia, derechas) se reunieron en El Cairo y acordaron activar la incorporación de 5000 temporeros egipcios al sector agrícola de Grecia. El plan ya se había abordado en 2022 dentro de un acuerdo para potenciar la cooperación entre los dos países en materia de migración.
Esta decisión, cuya entrada en vigor se apresuró tras la firma en marzo de 2024, de la asociación estratégica de carácter general de la UE por valor de 7400 millones de euros para apoyar a Egipto y luchar contra la migración irregular, también responde a la profunda escasez de mano de obra en Grecia, especialmente en el sector agrícola.
A pesar de soportar la segunda más alta tasa de desempleo de la UE, después de España que sufre la más alta de todas, Grecia se ha beneficiado de un sector agrícola mantenido por trabajadores extranjeros desde la llegada de albaneses a principios de la década de 1990. Sin embargo, las condiciones de trabajo indecentes está haciendo que incluso los trabajadores migrantes abandonen Grecia en busca de mejores oportunidades, lo que obliga al gobierno a recurrir a acuerdos bilaterales tales como el reciente con Egipto, aunque este no es el único.
Grecia también firmó un Memorando de Entendimiento con Bangladesh en 2022, en el que se acordaba que comenzaría a recibir 4000 trabajadores bangladesíes por año de manera regular, y también que iniciaría el proceso de regularización de los miles que ya se encontraban en Grecia.
Aunque la regularización de muchos de los que ya estaban en el país concluyó con éxito, muy pocos trabajadores nuevos consiguen llegar. Y si llegan, se acaban marchando al poco tiempo, cuenta a Voxeurop Vasilis Kerasiotis, un abogado griego especialista en migración que también actuó como consultor jurídico en la elaboración del acuerdo bilateral Grecia-Bangladesh.
Si bien afirma que estos acuerdos "establecen unas condiciones mínimas para los trabajadores legales y los procedimientos de entrada legal", y que "las personas documentadas son menos vulnerables a sufrir explotación", señala que "si los acuerdos no se aplican correctamente, dejan de tener sentido". Kerasiotis duda que las personas que llegan al amparo de tales acuerdos se queden en Grecia: "los que llegan al amparo de otras leyes de inmigración se han ido, no se quedaron". La razón de esto es que las condiciones imperantes en los campos de recolección de Grecia siguen siendo poco diferentes de las juzgadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el caso conocido como "Manolada".
Riesgos de explotación
En 2013, un grupo de trabajadores bangladeshíes fueron tiroteados por el supervisor griego de la granja en que trabajaban por reclamar el pago de sus salarios después de meses de retraso. El caso, conocido como “Manolada” llegó al TEDH y se usó para abogar por la mejora de los derechos de los trabajadores temporeros en Grecia.
“La situación descrita en el juicio del caso de Manolada es la situación a que se enfrentan los migrantes en nuestro país”, dice Kerasiotis, que también actuó ante el tribunal como abogado de las víctimas de este caso. “Zonas económicas especiales, explotación, sin agua corriente, gente en espera su salario a merced de sus patronos, […] condiciones de esclavitud moderna”, resume.
Mientras que Kerasiotis afirma que el fallo positivo del tribunal y la jurisprudencia en torno a él han dado lugar a mejoras y planes de regularización como los acuerdos con Bangladesh y Egipto, algunas organizaciones de derechos humanos no ven las cosas tan positivamente.
Yonous Muhammadi es cofundador del Foro Griego para Refugiados. Tiempo atrás, sufrió estas condiciones inhumanas en su propio cuerpo cuando llegó a Grecia después de huir de Afganistán en 2001. En su opinión, las violaciones de los derechos humanos todavía se siguen produciendo, muy en especial la inexistencia de unos alojamientos decentes.
“La gente vive en el campo, en tiendas atestadas con más de 30 personas dentro de cada una”, recuerda con indignación. “Incluso cuando se trata de temporeros extranjeros que llegan para trabajar en el sector turístico, hemos llegado a ver casos de personas durmiendo en sótanos, donde se instalan las máquinas de acondicionamiento de aire”.
Aunque reconoce que acuerdos bilaterales como el existente entre Grecia y Egipto garantizarán que no se produzcan algunas de estas condiciones extremas, Yonous está seguro de que los trabajadores egipcios y de otros países que lleguen a Grecia a tenor de tales sistemas correrán el riesgo de ser explotados. “Si vienen con un papel que dice que van a trabajar seis horas, acabarán trabajando doce, esa es la realidad”, puntualiza. "Las violaciones seguirán ocurriendo porque las autoridades no pondrán controles para vigilar que se respeten las condiciones pactadas; hay movimientos sociales que lo están intentando, pero no es suficiente".
Esclavitud moderna
Por desgracia, lo que relata Younous no es muy diferente de lo que los grupos de derechos humanos dicen de otros países europeos donde los trabajadores temporeros extranjeros hacen todos los esfuerzos necesarios para que los productos lleguen a nuestros supermercados.
Cuando el activista Yvan Sagnet, afincado actualmente en Italia, estaba estudiando para obtener su licenciatura en Turín después de haber llegado a Italia procedente de Camerún, le contrataron para trabajar en la recogida de tomates en la provincia meridional de Lecce. “Pensé que estaría trabajando como en cualquier otro empleo normal, pero cuando llegué a la explotación agrícola me llevé una desagradable sorpresa. Encontré grandes campamentos de gente que vivía en chabolas de plástico y cartón, no sabía dónde me había metido”, dice a Voxeurop.
Retrocediendo a 2011, él recuerda que le pagaban en torno a 14 € por casi 16 horas de trabajo al día, lo que luego se reducía a 5 € porque los dueños de la explotación agrícola le cobraban el traslado diario hasta las tomateras, la comida y el agua.
Decidió organizar la primera huelga de temporeros en Italia, la cual duró dos meses. En 2017 fundó su asociación No Cap, para luchar contra la explotación dentro del sector agrícola.
“Lamentablemente la situación no ha cambiado mucho desde 2011”, dice con franqueza. Pero sigue comprometido con su lucha, a pesar de las amenazas lanzadas contra él por miembros de las mafias que controlan el mercado agrícola. Yvan piensa que los acuerdos con terceros países, tales como el pacto Grecia-Egipto no sirven de mucho, “porque las condiciones de trabajo siguen siendo las mismas”.
No son máquinas para el trabajo
“El principal razonamiento para la firma de acuerdos bilaterales en materia de empleo de trabajadores temporeros que sean nacionales de terceros países es que los huecos en el mercado laboral griego se cubren legal e inmediatamente”, dicen a Voxeuropen Generation 2.0, una organización griega que vela por los derechos de los trabajadores y supervisa las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores agrícolas migrantes.
“Sin embargo, […] los acuerdos anteriores de este tipo han tropezado con muchas barreras para su puesta en práctica debido a la enorme cantidad de tiempo perdido en procedimientos burocráticos”, nos dicen. “Además, descartan la posibilidad de cubrir estos huecos con trabajadores que ya han estado en el país durante años, viviendo de una forma invisible y contribuyendo no obstante al decisivo crecimiento de la economía griega mientras que ellos siguen siendo empleados de forma irregular sometidos, además, a unas condiciones de trabajo deplorables”.
Con la cosecha estival a la vuelta de la esquina, los agricultores griegos han empezado a pedir trabajadores irregulares a organizaciones de refugiados tales como el Foro Griego para los Refugiados liderado por Yonous, ya que el proceso de contratación de egipcios todavía está avanzando con mucha lentitud. Yonous responde que no tiene personas interesadas en esas ofertas. “La gente no quiere ir a esos trabajos, lo que quiere es marcharse de este país”.
Aunque en virtud de los planes de regularización de los últimos años se han concedido a estas personas muchos permisos de residencia por motivos laborales que les permiten impugnar su situación en caso de explotación, los patronos siguen tratando a los trabajadores extranjeros nada más que como simple fuerza bruta, opina Yonous. "Estos planes son bonitos, pero sólo si se considera a las personas como máquinas para el trabajo", afirma. "Los inmigrantes y refugiados forman parte de esta sociedad y no sólo buscan trabajo, sino también proyectos de vida aquí con sus familias e hijos, como seres humanos".
Generation 2.0 coincide en que “atraer trabajadores solamente con permisos temporales de residencia, sin derecho a la reunificación familiar o derecho a residencia a largo plazo o naturalización, no es una opción viable”. A lo que Yonous añade que “el gobierno solamente quiere encontrar una respuesta en términos de comunicación hacia la extrema derecha y hacia los contrarios a la migración, para decirles que el gobierno está firmando acuerdos que traen gentes a trabajar para luego devolverlas a sus países de origen”.
Después de las elecciones europeas que dieron lugar al mantenimiento en el poder de la derecha y a que la extrema derecha ganara terreno con más del 20 % de los escaños en el Parlamento, las organizaciones proderechos de los trabajadores migrantes están más preocupadas que nunca.
En Grecia y en otros sitios, esperan que los acuerdos bilaterales con terceros países queden en suspenso hasta que se logre una verdadera regularización e integración de los trabajadores extranjeros que ya están presentes en sus territorios. Si ya se han firmado, estos acuerdos bilaterales deberían al menos ser supervisados adecuadamente para garantizar que se respetan los derechos de los trabajadores, independientemente de su lugar de procedencia.
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