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Los Estados miembros de la Unión Europea nunca están tan de acuerdo como en materia de migración. El 6 de septiembre, el primer ministro Viktor Orbán (Fidesz, extrema derecha) pidió a la UE que tomara más medidas para combatir la inmigración ilegal.
En una carta a los Estados miembros del 14 de octubre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que su institución va a proponer nuevo texto para facilitar la expulsión de los inmigrantes irregulares y armonizar las competencias a escala comunitaria. El anuncio forma parte de los preparativos de la cumbre europea que tratará sobre migración y tendrá lugar los días 17 y 18 de octubre.
Esta última medida, hecha pública en un momento en que el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (adoptado en mayo de 2024) aún no ha entrado plenamente en vigor, subraya una dinámica europea de represión de la inmigración no solo por parte de gobiernos de extrema derecha, sino también de ejecutivos más “tradicionales”. En Polonia, la coalición del primer ministro Donald Tusk (KO, centro) se está planteando suspender temporalmente el derecho de asilo en su territorio, a pesar de que esta fue expresamente elegida para romper con las políticas autoritarias del gobierno anterior. Varias organizaciones de derechos humanos están impugnando la decisión.
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