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“Eso no es muy objetivo”, me comentan a veces al hablar de los artículos que publico sobre el tema de la migración. Es cierto: lea algunos de ellos y, en mi opinión, se hará una buena idea de mis ideas sobre este tema. En aras de la transparencia, me gustaría aprovechar esta revista de prensa para explicar lo mejor posible por qué he elegido los artículos que he destacado y lo que revelan acerca del debate actual sobre la migración.
Un precedente peligroso
En Europa se está produciendo un ataque generalizado a los derechos humanos y en ningún lugar es más evidente que en Polonia. El 12 de octubre, Donald Tusk (PO, de centro derecho) anunció la intención del país de interrumpir temporalmente el derecho de asilo en su territorio, en un esfuerzo por “luchar contra la inmigración ilegal” en su frontera oriental. Esta decisión resulta intrigante, dado el perfil de “centrista moderado” del primer ministro polaco:
“La decisión de Tusk es sintomática del comportamiento de los partidos centristas actuales: no cesa el deseo de endurecer las restricciones al asilo, incluso cuando las cifras disminuyen drásticamente o son ya muy bajas, como sucede en Polonia”, escribe Christian Jakob, en Die Tageszeitung. La crítica no acaba ahí: “Que nadie espere mucho de la Comisión Europea, que debería poner coto a estas evidentes violaciones de las normas europeas. En materia de migración y asilo, en el pasado –con algunas excepciones– ha tolerado todo lo que se les ha ocurrido a los Estados miembros para mantener a raya a los refugiados”.
En un detallado análisis para Krytyka Polityczna, Paulina Siegień plantea una explicación al giro del Gobierno polaco. “No me cabe duda de que detrás de la obsesión de Donald Tusk por los temas de la migración y la guerra se oculta la desesperación política de un hombre a la cabeza de un Gobierno inerte, incapaz no solo de aplicar reformas importantes, sino carente incluso de una tímida visión del desarrollo de Polonia”, expone.
Por este motivo, en su opinión, el Gobierno de Tusk, un año después de las elecciones que le llevaron al poder, sigue hablando de “recuperar el control”, utilizando como muletas temas universales como la seguridad y la migración.
Siegień recuerda que la gran mayoría de las solicitudes de protección internacional registradas en Polonia en 2024 eran de ucranianos y bielorrusos, y también señala los daños colaterales de las medidas polacas: “¿Cómo cree [el Gobierno] que la suspensión del derecho de asilo cambiará la situación en la frontera polaco-bielorrusa y la situación migratoria en Polonia en general, cuando la mayoría de los inmigrantes que llegan a nuestro país lo hacen legalmente [...] con visados de estudiantes o de trabajo?”.
Por último, pone en tela de juicio el objetivo declarado de frenar los intentos de desestabilización procedentes de Minsk. “¿Cómo va a obligar la suspensión del derecho de asilo a Lukashenko a cerrar la ruta migratoria [...] cuando ninguna de las políticas opresivas aplicadas en esta frontera hasta la fecha ha acercado a Polonia a este objetivo?”, se pregunta.
El artículo de Christian Jakob es un buen recordatorio de que algunas de las políticas migratorias más duras han venido de partidos “centristas” perfectamente oportunos, un hecho que debería hacernos replantearnos la naturaleza y los orígenes de las líneas rojas que trazamos en cuestión de política. Por su parte, el extenso análisis de Paulina Siegień ofrece una perspectiva nacional y examina asuntos poco conocidos fuera de Polonia, en particular estableciendo un vínculo entre la migración y la creciente importancia de la función del ejército en el país.
La importancia de la complejidad
Si bien es justo preocuparse por el deterioro actual del respeto de los derechos humanos, se presta muy poca atención a los aspectos técnicos y jurídicos de las políticas europeas en este ámbito. El acuerdo firmado entre Italia y Albania es un buen ejemplo de ello.
Este acuerdo, que prevé que los solicitantes de asilo que lleguen a Italia se envíen a centros de detención albaneses hasta que las autoridades italianas tramiten sus solicitudes, sufrió un revés el 18 de octubre. El tribunal de Roma invalidó la detención de los primeros inmigrantes llegados a Albania el día 16, obligándoles a ser repatriados con carácter de urgencia, lo que provocó la ira del ejecutivo italiano y un intento desesperado de reparar urgentemente el texto para poder aplicarlo.
La secuencia suscitó un debate muy necesario sobre la viabilidad jurídica de este tipo de política. En un análisis para la revista italiana Internazionale, Annalisa Camilli detalla los (numerosos) problemas que supone el acuerdo. Citando al jurista Vassallo Paleologo, recuerda que “las repatriaciones de Albania hacia los países de origen, llevadas a cabo con el apoyo de las fuerzas policiales albanesas, podrían así desembocar, tras detenciones arbitrarias, en rechazos colectivos”, algo que prohíbe el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Para Paleologo, también debe considerarse una violación de la prohibición de devolución prevista en la Convención de Ginebra y en los convenios internacionales sobre el derecho del mar. Además de estar en contradicción con los textos internacionales, también se cuestiona la legalidad del proyecto en la propia Italia, en concreto en lo que respecta a la Constitución. La decisión de los tribunales de Roma es la última prueba de ello.
En un artículo para la revista Gli Asini, Giovanni Vale hace alusión a la perplejidad de los juristas albaneses. “Algunos analistas acusan al Gobierno de haber abusado con este acuerdo del principio de extraterritorialidad, normalmente aplicado a contextos circunscritos, como las representaciones diplomáticas, 'habitadas' por funcionarios del Estado.”, señala Vale, que recuerda que miles de personas tendrán que ser alojadas en los centros previstos en el acuerdo, con todos los riesgos que implica en materia de seguridad.
“Además, la decisión del Tribunal de que se aplique en los centros ambas jurisdicciones, la italiana y la albanesa, ha desconcertado a muchos juristas”, comenta también el periodista. “De hecho, Italia y Albania tienen legislaciones diferentes en materia de derecho civil, penal, laboral y de familia. ¿Cuál prevalecerá en caso de conflicto?”.
En mi opinión, estos dos artículos captan un punto crucial (y olvidado con demasiada frecuencia) en la crítica de este tipo de acuerdos migratorios: la importancia fundamental de los textos jurídicos, que no solo se esgrimen ocasionalmente en defensa de los derechos humanos, sino que definen y limitan el comportamiento de un Estado tanto dentro como fuera de sus fronteras.
Cuando se trata de política migratoria, ignorar esta complejidad (por ejemplo, tratando solo un lado de la controversia) es como darse de bruces contra un muro. En este sentido, el análisis de Giovanni Vale cumple una importante misión al describir en detalle los desaciertos del acuerdo Meloni-Rama y la reacción de las instituciones albanesas, un detalle ampliamente ignorado en nuestros medios de comunicación.
Ignorar la complejidad de la migración, restar importancia a los textos fundamentales y tolerar los discursos alarmistas equivale a fomentar un debate público deshumanizador, tedioso y mezquino. Ante el auge de la extrema derecha y la banalización de sus ideas por parte de los partidos mayoritarios, resulta fundamental abrirse a nuevas perspectivas y negarse a simplificar demasiado las cosas.
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