Discriminación en la vivienda: la otra cara de la crisis habitacional en España y Europa

“¡Alquileres justos, ya!”, coreaban decenas de miles de personas en Barcelona, España, el 23 de noviembre de 2024, en una de las mayores protestas por la vivienda jamás registradas. La ciudad se sumó a la ola de movilizaciones que se desató desde Madrid, Sevilla, Valencia y otras grandes ciudades en los últimos meses, en la que todas ellas pedían una reforma urgente de la vivienda. Según un informe realizado por Fotocasa, los precios del alquiler en España han aumentado un 78% en la última década.

Pero los precios del alquiler no fueron la única causa por la que los manifestantes salieron a las calles durante las protestas a escala nacional. La sociedad civil movilizada también exige más inclusividad y menos discriminación, pues este problema afecta no solo a los residentes extranjeros en el país, sino también a los españoles de diversos orígenes étnicos o minorías religiosas.

Un estudio financiado por el gobierno y publicado en 2020 por la organización Provivienda expuso que siete de cada diez agencias inmobiliarias en España se niegan a alquilar o vender a personas en función de sus orígenes, a pesar de que cumplan todos los demás requisitos. Un problema que no es específico de España: la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), registra que el 31% de las personas de ascendencia africana residentes en Europa se enfrentaron a discriminación racial al intentar alquilar o comprar un apartamento o una casa entre 2016 y 2022. En cuanto a los musulmanes, el 26 % considera que su origen les impidió acceder a una vivienda.

“El derecho a la vivienda seguirá incompleto mientras prevalezca el racismo”, afirmaba en 2022 el Observatorio de Derechos Sociales y Justicia Ecológica (DESCA) de Barcelona. Hoy, Miguel Ruiz, investigador de vivienda del observatorio y colaborador del estudio de Provivienda, afirma a Voxeurop que “hay una gran parte de la población que está totalmente excluida del mercado de la vivienda por el color de su piel, apellido o acento”.

“Un daño irreparable al ser humano”

Miguel Ruiz asegura que ve este fenómeno a diario gracias a sus investigaciones y, aun así, dice, “solo contamos con dos sanciones a nivel nacional, ambas impuestas por el Ayuntamiento de Barcelona”.

La falta de sanciones es alarmante, teniendo en cuenta los resultados de estudios recientes. El nivel de discriminación directa en el mercado inmobiliario español se sitúa en el 72,5 %, con casos en los que las agencias inmobiliarias directamente han aceptado no ofrecer contratos a personas de origen extranjero, indica el estudio de Provivienda.

En aquellos casos en que las cláusulas discriminatorias no son definitivamente aceptadas, el mismo estudio demuestras que el 81,8 % de las agencias practica una discriminación relativa al exigir un mayor precio, reducir la duración del contrato o añadir cláusulas abusivas.

“Podrían vivir en otros sitios y en mejores condiciones de acuerdo con su poder adquisitivo, pero acaban viviendo en sitios peores o en las afueras”, dice Miguel. A decir verdad, los pisos espaciosos se ofrecen en la mayoría de los casos a personas autóctonas (50,4 %) antes que a las consideradas extranjeras (39,8 %) cuando el poder adquisitivo y el número de personas integrantes de la familia son los mismos. De igual modo, los edificios con ascensores solamente se enseñan a los grupos discriminados en el 21,2 % de los casos.

“Esto tiene efectos psicológicos muy duraderos, porque sentir que uno está siendo deshumanizado o que se le considera ciudadano de segunda clase no es cosa menor”, recalca Miguel Ruiz desde el observatorio DESCA. Un informe que publicaron el pasado diciembre muestra que las personas afectadas por la inseguridad habitacional, sea cual fuere su nacionalidad, tienen una salud mental peor que la del resto de personas, con más del 80% de los encuestados dando muestras de ello. 

“Creo que el sentimiento de rechazo causa un daño irreparable al ser humano”, explica Aziz Sabbani al describir su reacción al sufrir una discriminación directa cuando quiso mudarse a un apartamento hace algunos años. Había tratado por teléfono con la agencia inmobiliaria sin problemas, todo iba bien: hasta que, el día de la firma del contrato, vieron su nombre.

“Probablemente por mi buen nivel de español y catalán en aquellos momentos, había pasado inadvertido”, explica Aziz a Voxeurop. Aunque nació en Marruecos, también considera España su hogar después de 23 años en el país. “La chica que se ocupaba de mi expediente me preguntó insistentemente por teléfono si era la misma persona, y luego me dijo que teníamos un problema: los propietarios tenían reservas en cuanto a alquilar a ‘personas de fuera’”.

Las personas de ascendencia africana y musulmana son las principales víctimas

Casos importantes como la denuncia de 2005 en Austria contra anuncios que ofrecían propiedades “solo para austriacos” o “no para extranjeros”, la multa de 2012 a dos hermanas francesas que se negaron a alquilar a una pareja argelina basándose en que “no querían árabes en la casa”, y muchos otros han hecho que los actores públicos y de la vivienda en toda Europa “sean cada vez más conscientes de la legislación antidiscriminación”, haciendo que la discriminación explícita en los anuncios “sea cada vez más escasa” y “haya sido increíblemente difícil demostrar que una negativa a alquilar una propiedad se basaba en motivos prohibidos de discriminación”, según un informe de la Comisión Europea ya en 2013.

Sin embargo, los comentarios menos explícitos no significan que la situación esté mejorando. Nicole Romain, portavoz de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ha declarado a Voxeurop que su último informe y los resultados de la encuesta “apuntan a un aumento de la intolerancia y el odio en toda Europa, que afecta a demasiadas personas, incluidos los judíos, los musulmanes, las personas de ascendencia africana, la comunidad gitana y los inmigrantes”. En particular, afirma, las personas de ascendencia africana y los musulmanes “experimentan la discriminación más dura en los mercados laborales y de vivienda, lo que afecta no solo a sus perspectivas de futuro sino también a las de sus hijos”.

La segunda edición de sus informes “Ser negro” y “Ser musulmán en la UE” expone que la discriminación que sufren estos grupos a la hora de buscar un lugar para vivir es mayor que en 2016 en un 21 % y un 22 % respectivamente. Estas prácticas dan lugar a que casi una de cada dos personas de ascendencia africana (45᠎ %) viva en viviendas atestadas, un porcentaje que es 2,5 veces mayor que en la población general de la UE. En cuanto a los musulmanes, la cifra es del 40 %.

“De acuerdo con nuestra encuesta de 2022, las tasas más altas de discriminación racial en el acceso a la vivienda se registraron en Alemania (62 %), Austria (49 %), Bélgica (44 %) e Italia (43 %)”, dice Christian Wigard, portavoz de la FRA. “De forma similar, los encuestados musulmanes manifestaron verse enfrentados a altos niveles de discriminación racial a la hora de acceder a una vivienda, dándose las tasas más altas en Alemania (54 %), Austria (50 %), Bélgica y Finlandia (43 % en ambas)”.

Juan Carlos Benito Sánchez, letrado experto en derechos humanos especializado en temas habitacionales, indicó a Voxeurop que los países europeos occidentales, y Bélgica en particular, donde él tiene su sede, cuentan con mejores sistemas de seguimiento.

“En un lugar como Bélgica se cuenta con instituciones fuertes, muy bien financiadas, que luchan contra la discriminación y llevan a cabo estudios sobre el tema al tiempo que reciben quejas directas de personas que consideran haber sido discriminadas, posibilitándoles la formulación de una queja y la apertura de una investigación”, nos explica. “En España el sistema no es así de fuerte”.

“Tratamos siempre de fomentar que las políticas públicas consigan más datos sobre discriminación”, observa Miguel Ruiz, del observatorio español. “Sabemos que a partir de 2018 y hasta 2024, al menos dos millones de personas han sido desahuciadas de sus viviendas, pero no sabemos cuántas de ellas tenían la nacionalidad española, cuántas pertenecían a una minoría étnica o racial, cuántas eran mujeres… Estos son detalles que no se registran en ningún sitio”.

Un llamamiento para terminar con la situación actual del sector inmobiliario

El doctor en derecho Juan Carlos Benito Sánchez considera que tanto en España como en el resto de los países europeos, “el derecho a la no discriminación está infrautilizado para responder a los retos vinculados a la vivienda” y que el potencial del derecho a la no discriminación “podría utilizarse mucho más para hacer realidad el derecho a la vivienda de forma más amplia y garantizar que todas las personas tengan acceso a una vivienda digna y asequible”.

El último Informe sobre Derechos Fundamentales de la FRA pone de relieve que los crecientes precios de la vivienda “significan que muchas personas, y no solo aquellas con antecedentes de migración, no se puedan permitir la calefacción de sus casas o el alquiler de un alojamiento decente”, manifiesta su portavoz Nicole Romain a Voxeurop.

“En 2022, el número de europeos que no se pudieron permitir mantener sus casas adecuadamente caldeadas superó los 40 millones (9,3 % de la población)”, añade, algo que ha afectado más directamente a los grupos vulnerables. 

Por estos motivos, la agencia llama a los países a utilizar las evidencias existentes para hacer cumplir las leyes vigentes y poner fin a la discriminación en la vivienda, considerando que la lucha contra la pobreza y la exclusión social es un objetivo primordial del plan de acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales que debe alcanzarse en 2030 y que el plan de acción 2021-2027 sobre integración e inclusión reitera que “el acceso a una vivienda adecuada y asequible es un determinante clave para una integración exitosa”.

Para el investigador Miguel Ruiz, la discriminación en temas de vivienda y la crisis general de precios están interconectada y tienen una solución común: luchar contra la situación actual en la que las agencias inmobiliarias están exentas de cumplir las normas vigentes.

“Se ha permitido que durante muchos años las agencias inmobiliarias no cumplieran cualquier tipo de ley, esto es, que impusieran cláusulas abusivas, que no asesoraran correctamente al inquilino, que ayudaran a los propietarios a realizar actividades fraudulentas y discriminatorias”, recalca. “Es inaceptable que los actores del mercado de viviendas, el acceso a las cuales es un derecho fundamental, no estén mejor controlados y supervisados, lo cual requiere mucha dedicación por parte de la administración pública”.