No tan impecables: corrupción en Francia, Bélgica, Países Bajos y más

La publicación anual del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional brinda a muchos países europeos (en especial a los del noroeste) una oportunidad de autocomplacencia. Estos países tienen un gran talento para ser menos corruptos que los demás, o al menos para parecerlo. Dinamarca puede felicitarse a sí misma por ocupar el primer lugar por séptimo año consecutivo. Finlandia puede celebrar su ascenso del tercer al segundo puesto. E Irlanda puede estar orgullosa de mantener su posición en los primeros diez, diez puestos por encima del Reino Unido.

No obstante, hay tres países en particular que necesitan hacer una seria autorreflexión ante los resultados publicados el 11 de febrero de este año.

Francia se sitúa por debajo de la democracia media

En Alternatives Economiques, Jérémie Younes echa un vistazo a cómo y por qué Francia ha llegado a su posición más baja desde la creación del índice en 1995. Como señala Younes, la puntuación de 67 de 100 que obtuvo Francia la coloca junto a países como las Bahamas y Taiwán, y por debajo del rango medio de los países que Transparencia Internacional define como “democracias plenas” (entre 73 y 100).

“El factor principal”, explica la ONG a Younes, “es sin duda el grupo de casos de alto perfil que involucran a figuras políticas de alto rango”: desde la elección de Emmanuel Macron, por lo menos 26 personas cercanas al jefe de Gobierno han estado envueltos en estos casos.

Para Isabelle Jegouzo, directora de la Agencia Francesa Anticorrupción (AFA), hay una cierta ironía en el bajo desempeño de Francia: “Todos estos casos que recibieron una amplia cobertura pueden haber tenido un efecto bumerán”, explica Jegouzo a Younes. “Dan la impresión de que el fenómeno es cada vez más prevalente, lo que es sin embargo paradójico, ya que, si hay casos, quiere decir que estos fueron detectados, juzgados y enjuiciados”. Si bien en los últimos años ha habido un aumento en las instancias de falta de honradez, pasando de 616 en 2016 a 829 en 2023, Jegouzo sostiene que “esto podría significar que el número de infracciones está aumentando, pero también podría significar que la detección ha mejorado [...]. Luchar contra la corrupción es hacerla visible”.

No obstante, como explica Transparencia Internacional a Younes, también hay otros factores detrás de la puntuación IPC de Francia. “En 2024, la corrupción fue viéndose cada vez más ligada a nuestra cotidianeidad, como el vínculo entre la corrupción y el tráfico de drogas, o el asunto de Nestlé Waters, que conectó la corrupción directamente con la salud de los consumidores”.

Younes también pone de relieve un suceso al otro lado del Atlántico que podría tener un impacto desafortunado en el nivel de corrupción en Francia y en otros países: “El retroceso histórico de Donald Trump en la lucha contra la corrupción. El 11 de febrero, el presidente de Estados Unidos suspendió, por decreto ejecutivo, la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la principal ley estadounidense contra la corrupción, vigente desde 1977. Con esto, proveyó a los negocios estadounidenses un verdadero ‘permiso para corromper’ en el extranjero en nombre de la ‘competitividad’”.

El abogado corporativo internacional Laurent Cohen-Tanugi examina la decisión de Trump y sus potenciales consecuencias a largo plazo en Le Grand Continent: “De repente Europa se encuentra en desventaja, y sus negocios podrían verse considerablemente tentados a bajar la guardia y alinearse con las prácticas de sus competidores chinos y de otros países. ¿Acaso Transparencia Internacional no había denunciado ya la laxitud de Francia en la lucha contra la corrupción transnacional?”

Bélgica desciende puestos

Un puesto por encima de Francia, con 69 puntos, Bélgica perdió cuatro puntos y obtuvo de esta manera su peor resultado en diez años. Tal como Francia, Bélgica se encuentra por debajo de la media de las “democracias plenas”. Nicolas Gobiet inicia su artículo sobre el bajo desempeño de Bélgica, publicado en La Libre, con un examen de la metodología de Transparencia Internacional. Marc Beyens de la sección belga de la ONG explica a Gobiet que medir la percepción de la corrupción en lugar de casos con pruebas produce una estimación más precisa de una realidad cuidadosamente escondida.

“Estas actividades, clandestinas ya por naturaleza, siguen siendo difíciles de cuantificar. Solo los casos claros llegan a los tribunales. En cambio, las percepciones de políticos, de empresas e incluso de la sociedad civil constituyen un indicador preciso de lo que está sucediendo tras bambalinas”. Alexander De Jaeger, investigador del Instituto de Criminología de Lovaina y miembro de la junta de Transparencia Internacional en Bélgica, explica que hay una “zona gris, algo borroso alrededor de las cifras reales. Si solo medimos los casos establecidos, no conseguiremos ilustrar un panorama correcto”.  

Al igual que Francia, Bélgica no se queda corta en escándalos públicos (como Sky ECC o el caso de Didier Reynders, por nombrar solo dos), pero estos no constituyen el factor principal que llevó al hundimiento de Bélgica en la clasificación. “Si surge un escándalo y a continuación este se ve sometido a procedimientos legales, ¿qué significa esto realmente?” pregunta De Jaeger. “¿Representa un aumento en la corrupción o un mejor funcionamiento del sistema de detección y de enjuiciamiento?” Con esto en mente, Marc Beyens apunta a la “regulación insuficiente de Bélgica en términos de cabildeo. No existe ningún registro central de grupos de presión, solo la Cámara de Representantes cuenta con este tipo de herramienta. Los otros parlamentos y gobiernos se están quedando atrás”. Gobiet también destaca que el informe del Estado de derecho de la Comisión Europea de 2024 pone de relieve “deficiencias estructurales de los recursos” en el sistema judicial de Bélgica. “Muchos de los casos de corrupción de alto perfil, como Qatargate, han resaltado la dificultad para manejar estos casos inmensos con recursos limitados”, explica el director ejecutivo de Transparencia Internacional en Bélgica.
En términos más generales, tomando en cuenta que los puntajes IPC de un total de 19 países europeos (incluidas Alemania, Noruega y Suecia) disminuyeron este año, “la tendencia no es la mejor”, explica Beyens a Gobiet. “A Europa le está costando responder de manera colectiva a estos desafíos. Y el clima de desilusión no es de mucha ayuda”.

Países Bajos obtiene la peor puntuación en una década

Si bien Países Bajos solo perdió un punto y solo descendió un puesto en el IPC de este año, su puntaje de 78 es el peor que el país ha visto en los últimos doce años, según informa (e ilustra con gráficos) el periódico financiero Het Financieele Dagblad. 

Si bien los Países Bajos todavía se encuentran entre los primeros diez países más “limpios”, todavía le queda mucho que mejorar, como sugiere Eva Stam  en un artículo publicado por Trouw tan solo unos días antes de la publicación del IPC de este año. “A Países Bajos le gusta verse a sí mismo como el niño que mejor se porta en clase, como un país garante de integridad”, escribe Stam. “Sin embargo, es el único país de la UE donde el ‘tráfico de influencias’, un tipo de corrupción sin quid pro quo directo, no está sujeto a sanciones”.

La Fiscalía General y el Departamento Nacional de Investigación Criminal (Rijksrecherche) han expresado su insatisfacción con esta brecha legislativa, con referencia específica a la falta de progreso en el caso contra la excomisaria europea Neelie Kroes (un caso que, según algunos, expone “la puerta giratoria de la UE entre el sector privado y público”). Como señala Stam, la Comisión Europea ha estado trabajando en una nueva directiva anticorrupción que permitiría que el tráfico de influencias en Países Bajos sea sancionable. Sin embargo “habrá que ver si los Países Bajos la aceptan”. 

Transparencia Internacional también menciona en una publicación de blog reciente que el registro voluntario de grupos de presión en Países Bajos “solo resultó en 72 personas registradas por su propia cuenta en 2023”, lo que deja la puerta abierta para intereses no registrados cuyo objetivo es influenciar al gobierno en secreto. En cambio, en países que cuentan con mejores definiciones, como Francia y Alemania, hay miles de miembros de grupos de presión registrados”.

La ONG también tiene serias preocupaciones sobre la trayectoria de la directiva anticorrupción anteriormente mencionada. “En mayo de 2023, la Comisión Europea propuso una directiva que el Parlamento  desarrolló después con una posición más ambiciosa en febrero de 2024 y en la que incorporó  varias de nuestras recomendaciones. No obstante, el Consejo reveló una posición mucho menos firme en junio de 2024, con algunos Estados miembros que buscaban debilitar la ley”.