El caso Almasri: cuando Europa lucha contra el tráfico de seres humanos, pero no demasiado

Osama Almasri Najim: puede que el nombre no le suene de nada, pero es muy conocido en Italia. Se trata del jefe de la policía judicial de Libia, un hombre contra el que ha dictado una orden de detención la Corte Penal Internacional (CPI), que le acusa de ser responsable de los muy criticados centros penitenciarios de Trípoli por casos de asesinatos, torturas y violencia sexual. Esto no impidió que el sospechoso fuera puesto en libertad por la policía italiana y devuelto a su país pocos días después de su detención en Turín.

El asunto llega hasta la cúpula del Estado italiano, como explica Filippo Gozzo en Euronews. Recomiendo leer su artículo, que rastrea los movimientos de Almasri y las sospechas que pesan sobre el ejecutivo.

Domani recogió las reacciones de ONG y de personalidades políticas italianas sobre esta cuestión. Las conclusiones de la oposición son irrefutables. “De nada han servido los llamamientos y peticiones al Gobierno por parte de la oposición, así como de las ONG que trabajan en salvamento marítimo, para que entregue a La Haya al general libio, responsable de varios centros de detención de los que han salido testimonios de torturas y tratos inhumanos y degradantes”, resume con pesar el diario italiano.

“El Gobierno italiano ha concedido una protección vergonzosa al jefe de la policía judicial de Trípoli, comenta Mediterranea Saving Humans, una ONG dedicada al salvamento marítimo”, prosigue. ¿Se ha absuelto a una persona buscada por crímenes contra la humanidad, acusada de tráfico de seres humanos y tortura? Para la ONG que cita Domani, el caso revela la hipocresía del ejecutivo italiano, que afirma luchar contra el tráfico de seres humanos con sus políticas migratorias.

En una editorial no menos despiadada publicada en Il Manifesto, Andrea Fabozzi reacciona ante la postura del ejecutivo italiano. “El que para la Corte Penal Internacional es un torturador, para las autoridades italianas es un valioso colaborador”, expone. “Un protagonista de esa ‘política mortal’ [...] por la que los flujos migratorios de Libia a Italia se abren o se cierran y los migrantes corren el riesgo de morir torturados en los centros de detención en tierra o ahogados en el mar, basándose en la lógica del puro beneficio y el chantaje”.

“Todo está escrito, todo se sabe. Además de los informes y acusaciones de la Corte Penal Internacional, existen vídeos, fotos, miles de testimonios: la violencia más terrible es práctica habitual en los centros libios”.

“La presidenta [del Consejo Giorgia] Meloni había prometido iniciar una caza mundial de traficantes de seres humanos, pero se conforma con que detengan a unos cuantos desesperados entre los supervivientes en el mar, identificados como ‘contrabandistas’”, recuerda. “Protegemos y llevamos a casa a verdaderos delincuentes, siempre que sigan con su trabajo. En silencio”.

El traficante de migrantes, el mejor enemigo

El traficante de migrantes es la figura casi mítica que sustenta todas las políticas migratorias europeas. Frenar la migración sería, ante todo, una forma de frenar la trata de seres humanos, detener a los traficantes de personas y, en última instancia, salvar vidas. Desde la perspectiva de poner fin al tráfico de migrantes, la Comisión Europea presentó el 28 de noviembre de 2023 una propuesta de directiva que sienta las bases de un marco jurídico y europeo. Pero, ¿es pertinente el texto? Un estudio de la profesora Violeta Moreno-Lax (INCREA-Universitat de Barcelona y Queen Mary University of London) pone en tela de juicio los fundamentos del texto.

Moreno-Lax plantea también una serie de recomendaciones: retirar la directiva hasta que se haya llevado a cabo un examen más exhaustivo, realinear el texto con la definición de trata de seres humanos de las Naciones Unidas, aclarar el vocabulario legislativo utilizado para describir la trata de seres humanos y a las personas acusadas de ello, proteger a las ONG, a los proveedores de servicios “de buena fe”, la solidaridad, etc.

Más allá del doble rasero que se aplica a escala nacional e internacional, lo que se critica es el enfoque de nuestras instituciones ante el tráfico (y la trata) de seres humanos. Como resume David L. Suber en openDemocracy, la lucha contra ello suele ser contraproducente.

“Las políticas contra la trata de seres humanos fracasan porque en realidad no intentan detenerla”, explica. “Intentan detener la migración. Equiparar ambas cosas, o suponer que disuadir de una es disuadir de la otra, es malinterpretar fundamentalmente el problema”.

En opinión del investigador y periodista, estas políticas tienden a hacer las rutas migratorias más peligrosas y a los traficantes aún más necesarios. Y la acumulación de riesgos no logra desanimar a los migrantes.

“Deberíamos (y podemos) hacer las cosas de otro modo”, plantea. “Las políticas migratorias con medidas de seguridad excesiva y que violan los derechos no deberían ser inevitables. Consumen valiosos recursos que podrían reorientarse a garantizar vías migratorias seguras y a responder a las preocupaciones de seguridad de los Estados”.

“Pero para que todo esto cambie, debemos empezar por reconocer que el tráfico de migrantes se convierte en un fenómeno necesario en un mundo en el que los desplazamientos se han criminalizado”, señala también. Nos guste o no, los traficantes desempeñan una función esencial para las personas que huyen de la guerra, el hambre y la persecución. “Y por muy peligroso que sea el camino que deben recorrer, lo intentarán”.

Obviamente, no se trata de ofrecer una amnistía a los criminales que se aprovechan de la angustia de los migrantes, ni de condonar prácticas degradantes y asesinas como las utilizadas en los campos libios. Más bien, debemos plantearnos otra pregunta: ¿a quién estamos atacando al criminalizar la migración? ¿A los verdugos o a las víctimas?