Elige un idioma
Pensábamos que había muerto, pero ha vuelto: el acuerdo migratorio entre Roma y Tirana vuelve a ser noticia. En principio, los centros de acogida de Shëngjin y Gjadër, en Albania, debían acoger a solicitantes de asilo provenientes de países seguros mientras esperaban a que se tramitase su solicitud en Italia. Ahora servirán como centros de repatriación. Esta decisión está teñida de una cierta ironía si tomamos en cuenta que, como señala Annalisa Camilli en Internazionale, “en Italia, las estructuras de este tipo están medio vacías”.
De esta manera, el 11 de abril, unos cuarenta migrantes transferidos desde diferentes centros de permanencia para la repatriación (CPR) italianos llegaron al puerto de Shëngjin, en Albania, antes de ser transferidos al centro de detención de Gjadër. Para algunos expertos, esta decisión es importante. Según la Asociación para Estudios Jurídicos sobre Inmigración (ASGI), como cita Camilli, “el traslado a centros albaneses de migrantes en situación irregular que ya se encuentran detenidos en los CPR italianos constituye un ‘cambio de escala’ en las políticas migratorias y da lugar a nuevos escenarios en el contexto europeo”.
Para la ASGI, este tipo de traslado pone de relieve el tratamiento jurídico y administrativo diferenciado reservado a los migrantes, lo que “crea una fractura profunda en la integralidad del orden jurídico. Si, como observamos con frecuencia, las políticas migratorias son un reflejo de la calidad de los derechos, lo que se refleja hoy es una imagen de una democracia en plena redefinición”, cita Camilli.
“Las políticas migratorias se afirman como un laboratorio de experimentación reglamentaria con vocación autoritaria. El modelo denominado ‘albanés’ constituye una aceleración de este proceso, con efectos que se despliegan en varios frentes. Por un lado, las personas transferidas se enfrentan a un régimen de aislamiento extremo, a obstáculos adicionales en el acceso a la protección jurídica y a un agravamiento de las condiciones de detención ya críticas en los CPR. Por otro lado, para la totalidad de la población migrante que debe renovar su tarjeta de residencia, el riesgo de chantaje se intensifica, empeorado ahora por la amenaza de un traslado forzoso al extranjero”, explica la ASGI en un informe.
La primera versión del acuerdo Meloni-Rama fue examinada con interés por varios países europeos, así como por ciertas instituciones internacionales. Queda por ver qué sucederá con esta nueva versión, y si se emulará.
El retorno de los presidios y la política del instinto
Muchos políticos se adueñan de las políticas autoritarias de última moda para protagonizar el entorno mediático, aunque signifique defender las posiciones más osadas. En Francia, Laurent Wauquiez (Los Republicanos, derecha) hace poco propuso reinstaurar ni más ni menos que el presidio (bagne) para los extranjeros sujetos a una obligación de salir del territorio francés (OQTF, por sus siglas en francés). Wauquiez detalla esta idea en la revista de extrema derecha JDNews: encerrar a las personas peligrosas bajo OQTF... en San Pedro y Miquelón, un archipiélago francés cerca de la isla canadiense de Terranova (en el este de Canadá). Según Wauquiez —citado por Alexandre Pedro en Le Monde— las condiciones meteorológicas y geográficas del territorio de ultramar ubicado a más de 4000 kilómetros de París constituyen una ventaja: “La temperatura media durante el año es de 5 °C, con 146 días de lluvia y nieve al año. Pienso que esto hará a todos reflexionar en poco tiempo”. Como explica Pedro, “el archipiélago francés tiene la ventaja, a ojos de [Wauquiez], de no estar ubicado en el espacio Schengen. Lo que permite bloquear ‘todo regreso a Francia metropolitana’”. Una propuesta que no le agradó a nadie.
En Países Bajos también buscan inspiración en otros lados. El país que en febrero reavivó un acuerdo migratorio con Uganda ahora está tratando otro gran asunto. En efecto, la ministra de Asilo y Migración Marjolein Faber (PVV, extrema derecha) tiene una ambición: crear “la política de asilo más estricta jamás puesta en práctica”.
Como lo resume Johan van Heerde para Trouw, para cumplir este objetivo, Faber propone dos leyes que podrían permitir al Estado acortar (o incluso abolir) el permiso de residencia, limitar la reunificación familiar o atacar directamente los derechos de los solicitantes de asilo de acuerdo con su perfil, entre otras cosas.
Marjolein Faber está segura de que esto disuadirá a los solicitantes de asilo de ir a los Países Bajos. Pero todavía quedan varias zonas grises, sobre todo en cuanto a la eficacia del plan. De acuerdo con van Heerde, la ministra no parece haberse basado en fuentes y estadísticas fiables para prepararlo. Entonces, ¿de dónde saca todo esto? “Faber no se está basando en literatura científica o en libros gruesos para respaldar sus medidas”, explica el periodista. “Se está inspirando principalmente en otros países, como lo demuestran sus visitas de trabajo y lo que ha escrito en sus notas. Por ejemplo, ya ha visitado Dinamarca y Polonia, países con políticas de asilo restrictivas”.
El académico Carolus Grütters, entrevistado por van Heerde, pone en duda la eficacia del recrudecimiento de las políticas de asilo. “A menudo los políticos dan la impresión errónea de que los solicitantes de asilo tienden a tomar decisiones racionales mientras huyen, basándose en un excelente conocimiento de la política de asilo más reciente de cada Estado miembro de la UE”. En su opinión no hay pruebas que respalden esta convicción. Según Grütters, es muy difícil probar el nexo causal entre las políticas de asilo y los cambios en los movimientos migratorios. Contentarse con afirmar la existencia de semejante correlación, como lo han hecho algunos responsables políticos, es demasiado simplista.
El modelo de Trump
Me parece imposible seguir redactando estas revistas de prensa sobre migración sin mencionar un factor obvio que está siendo ignorado: Estados Unidos. Donald Trump siempre ha acostumbrado hacer declaraciones impactantes en materia de política migratoria, pero parece haber cruzado un límite con la expulsión de Kilmar Abrego García hacia una megacárcel en El Salvador.
Este hombre de 29 años, que había vivido en Estados Unidos desde hace 14 años, fue detenido por una acusación de terrorismo errónea, y fue deportado ilegalmente a El Salvador para ser encarcelado. Un error reconocido por el gobierno estadounidense, que sin embargo se niega a repatriarlo. Por su parte, el presidente salvadoreño Nayib Bukele, “el dictador más guay del mundo”, considera que sería imposible enviar de vuelta a Abrego García. En la revista estadounidense Mother Jones, Noah Lanard e Isabela Dias transmiten el informe inaudito –y escalofriante– del encuentro entre ambos autócratas el 14 de abril.
Es escalofriante porque Lanard y Dias nos cuentan sobre la impunidad con la que Washington puede actuar como le plazca en lo que respecta a la política migratoria. Es escalofriante porque Trump tampoco esconde sus ambiciones. “Cuando se le preguntó cuántas personas más estaba dispuesto a enviar a El Salvador, Trump respondió ‘tantas como sea posible’”, explican Lanard y Dias. “Trump reiteró que desearía encarcelar a los ciudadanos americanos en el extranjero si la legislación americana lo permitiese. También mencionó haber preguntado a Bukele si El Salvador podía construir nuevas cárceles, presumiblemente para recibir a aún más personas enviadas desde Estados Unidos”.
Y, finalmente, es escalofriante porque, independientemente de la gran dimensión de la última medida propuesta por la Casa Blanca, todavía hay un Estado europeo que está considerando seriamente su puesta en práctica en nuestro lado del Atlántico. Este es en particular el caso de Alemania que, de acuerdo con Hanno Hauenstein para The Intercept, “se está inspirando en Estados Unidos” al desear expulsar a cuatro residentes extranjeros que participaron en manifestaciones contra la guerra de Gaza. Es un destino que nos recuerda al de Mahmoud Khalil, un estudiante de origen palestino de la universidad de Columbia, arrestado y detenido en Estados Unidos por sus actividades militantes. Pese a su estatus de residente permanente, Khalil se encuentra en riesgo de expulsión.
Podríamos pensar como consuelo que esto solo concierne al país del Tío Sam, que los casos como el de Abrego García y de aquellos que fueron (o serán) enviados a prisión ilegalmente nunca podrán darse en otros lados. Sin embargo, el período actual de aceleración política y el frenesí imitativo de nuestros políticos abren paso a la preocupación.
En colaboración con Display Europe, cofinanciado por la Unión Europea. No obstante, los puntos de vista y opiniones expresados son exclusivamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea ni los de la Dirección General de Redes, Contenidos y Tecnología de las Comunicaciones. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de las mismas.
¿Te está interesando el artículo?
Es de libre acceso gracias al apoyo de nuestra comunidad. Publicar y traducir nuestros artículos tiene un precio. Para seguir informándote de manera totalmente independiente, necesitamos tu apoyo.
Desde la década de 1980 y la financiarización de la economía, los actores financieros nos han mostrado que los vacíos legales esconden una oportunidad a corto plazo. ¿Cómo terminan los inversores ecológicos financiando a las grandes petroleras? ¿Qué papel puede desempeñar la prensa? Hemos hablado de todo esto y más con nuestros investigadores Stefano Valentino y Giorgio Michalopoulos, que desentrañan para Voxeurop el lado oscuro de las finanzas verdes; hazaña por la que han sido recompensados varias veces.
El evento >
Participa en el debate
Hacerse miembro para traducir los comentarios y participar