Reclamando el derecho a una vivienda: la lucha contra la crisis habitacional en Europa

En muchas ciudades europeas, los alquileres cada vez más caros, el turismo incontrolado y las crecientes desigualdades sociales han llevado a la creación de formas colectivas de lucha y solidaridad. Tres de estos esfuerzos, en Roma, Barcelona y Edimburgo, usan diferentes medios para brindar una respuesta concreta a la crisis habitacional.

Las necesidades en Roma

En Italia, una de las asociaciones en la vanguardia de esta lucha es Nonna Roma, fundada en 2017. “La asociación empezó a funcionar como una mutualidad de ayuda bancaria”, explica Sara Fiordaliso, que trabaja con Nonna Roma como voluntaria. “El apoyo en materia de alimentación es la primera línea de contacto, y luego hay toda una red de servicios formada en torno a personas con el objetivo de asegurar que todo el mundo forme parte de una única comunidad”.

Entre los aproximadamente 200 voluntarios de la asociación hay personas que inicialmente recurrieron a Nonna Roma porque necesitan ayuda. Esta necesidad se transformó en conciencia y de aquí pasó al compromiso y la lucha política.

A lo largo de los años, la asociación ha empezado a abordar también la crisis habitacional, pasando de la ayuda a la investigación y las propuestas políticas. “Hay unas 18 500 familias en la lista de espera para una vivienda social, y la espera para que se asigne una casa es de varias décadas”, dice Sara, citando una de las muchas cifras que ilustran la enorme dimensión de la crisis estructural.

En 2024 se publicó la encuesta Di casa a Roma (“En casa en Roma”). Este proyecto colectivo sobre la crisis habitacional brindó las bases para una campaña que abordara dos de los principales problemas: el uso de alquileres a corto plazo y la dificultad para conseguir alquileres asequibles. Un año más tarde, con el factor adicional del año Jubileo, la situación actual es crítica.

“Precisamente por este acontecimiento se han disparado los precios y es imposible encontrar propiedades en alquiler en Roma”, explica Sara.

En barrios de la periferia, tales como Pigneto, por ejemplo, hay miles de anuncios de alquileres a corto plazo, pero solo se pueden encontrar unos pocos portales inmobiliarios. “Hemos visto anuncios de pisos de dos habitaciones por 2500 euros”, dice Sara.

Aunque Roma es una ciudad grande y compleja, forma parte de un contexto nacional en el que la mayoría de las familias son dueñas de sus casas o tienen una casa a su disposición, sin cargo alguno o en usufructo. De acuerdo con la encuesta de la asociación, algunas cifras del Instituto Nacional de Estadística Italiano (ISTAT) indican que este es el caso para aproximadamente el 80 % de los hogares en Italia, lo que está bastante por encima de la media europea. Por lo tanto, los inquilinos son un grupo de personas muy pequeño y diverso, compitiendo en las grandes ciudades por las pocas oportunidades de alquiler asequible en medio de una dinámica que tiende hacia la discriminación contra quienes no tienen un contrato de trabajo fijo, o por racismo.

Sin embargo, algo ha cambiado en la capital italiana con el paso del tiempo, gracias en parte a la red de asociaciones unificadas por medio de Social Forum Abitare, de la que Nonna Roma forma parte. Un ejemplo es el servicio de asistencia para la vivienda que se ha establecido en el Tercer Municipio, al noreste de la ciudad, y que la asociación ayuda a gestionar. “Actualmente estamos formando el mecanismo que dará lugar a un servicio de mediación en materia de vivienda”, dice Sara.

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El próximo reto será la fase de implementación del Plan de Vivienda aprobado por el municipio, que podría dar lugar a la creación de una agencia de viviendas. Con esto en marcha, quienes tengan dificultades para acceder al mercado de alquiler podrían obtener una garantía pública de la administración.

Organización colectiva en Barcelona

Barcelona se encuentra entre las ciudades europeas que protagonizan la lucha por los derechos a una vivienda. En España, el precio de los alquileres se ha duplicado a lo largo de los 10 últimos años, y la tasa de viviendas sociales se sitúa entre las más bajas de Europa (2,5 %).

Entre quienes destacan estos cambios se encuentran organizaciones como el Sindicat de Llogateres (Sindicato de Inquilinos), que promueve la sindicalización de los inquilinos que se relacionan con grandes sociedades inmobiliarias. El sindicato cuenta con unos 8000 afiliados, según su portavoz, Carme Arcarazo.

“Aproximadamente la mitad de lo que gana una persona se gasta en el alquiler”, afirma Carme, explicando el motivo de su fundación en 2017. “Normalmente, la relación entre inquilinos y arrendadores es tan desigual que la negociación es prácticamente imposible. Unir fuerzas con otros inquilinos reequilibra la relación y, entonces, se puede negociar de verdad”.

Poner las dificultades de los inquilinos individuales en una perspectiva colectiva es la estrategia clave que guía las actividades del Sindicat de Llogateres. Refiriéndose a la situación, tan común, en que los inquilinos se enfrentan a exigencias como “paga el doble o vete” cuando vence su contrato, Carme habla de “extorsión”.

Cuando alguien contacta con el sindicato por estos problemas, “el primer paso es consultar el catastro para ver quién es el propietario de la casa y qué otras propiedades tiene. Después, llamamos a las puertas de estas otras propiedades para hablar con los inquilinos y ver si tienen el mismo problema”.

Movilizar a personas con problemas similares tiene por objetivo lograr una negociación colectiva.

Cuando esto no es suficiente, se exploran otras vías. Este fue el caso de la huelga de alquileres iniciada a finales de 2024, siguiendo los pasos de la histórica huelga de 1931. “Creo que hay mucho apoyo a la huelga. Es decir, es absurdo que haya tan poca vivienda social, y es absurdo que la poca que hay se esté privatizando. Además, nos enfrentamos a la mayor empresa del sector”.

Pero el esfuerzo también es educativo. “Hay mucha pedagogía por impartir”, dice Carme, “pero es normal, ¿no? La gente tiene miedo. No existe una cultura de huelgas de alquiler, pero creo que todo el mundo conoce el derecho a la huelga en el mundo laboral y eso es porque alguien empezó a ejercerlo cuando no era legal”.

Además de luchar por mejores condiciones y cambiar las leyes, existe un paradigma cultural que debe reestructurarse, empezando por el derecho a la vivienda. “No queremos ser un sindicato de activistas, de personas hiperpolitizadas”, dice Carme. La idea subyacente es superar la división ficticia entre ciudadanos comunes y corrientes, por un lado, y “activistas” comprometidos, por otro. Las cuestiones de clase y la crisis habitacional afectan a ambos grupos por igual.

Derechos y comunidades en Escocia

En 2024 el Reino Unido estableció un récord dramático: de acuerdo con la OCDE, el Reino Unido alcanzó la más alta tasa de ciudadanos sin hogar entre los países con ingresos más altos. Escocia es una de las zonas más afectadas por la crisis habitacional. En la región de Edimburgo, se ha producido un incremento medio del 94 % en los alquileres de apartamentos de un dormitorio a lo largo de la última década.

Living Rent opera en este contexto, combinando la sindicalización para proteger a los inquilinos por medio de la formación de comunidades, de acuerdo con la lógica básica del modelo ACORN, que se fundamenta en organizaciones locales y democráticas regidas por sus miembros y que operan como un sindicato.

Cameron Scally preside la sucursal de Living Rent Edinburgh en Leith, la zona portuaria de la ciudad. Se afilió al sindicato en 2020 durante la pandemia, tras un período de desempleo y dificultades para pagar el alquiler. “Edimburgo es básicamente una ciudad universitaria, por lo que gran parte de la construcción reciente se ha centrado en el alojamiento para estudiantes”, explica.

En este caso, otro factor que afecta a la política de vivienda es el turismo, especialmente en verano, cuando eventos como el Fringe impulsan el sector turístico. “Nos enfrentamos a una promoción hotelera masiva, y especialmente a la conversión de viviendas existentes en alquileres a corto plazo para conocidas plataformas de alquiler online”.

Esta situación es demasiado común y ha llevado recientemente a Edimburgo a introducir una tasa para turistas, gracias a una ley nacional aprobada por el Parlamento Escocés. “Hemos avanzado en este sentido gracias a campañas en toda la ciudad y a la organización nacional”, afirma Cameron. “No se trata solo de impedir que los turistas vengan, sino de garantizar que el dinero procedente del turismo se quede en la ciudad”.

Mediante consultas previas a la adopción de la tasa, Living Rent logró garantizar que los fondos recaudados se destinaran a financiar viviendas sociales, alquileres asequibles y espacios públicos. Una de las contradicciones de la crisis económica y habitacional es que, en ciudades que dependen del turismo, como Edimburgo, los trabajadores del sector turístico no pueden afrontar los alquileres cada vez más elevados.

Según Cameron, uno de los puntos fuertes de Living Rent es su capacidad para facilitar el acceso a las consultas tanto a nivel local como nacional. “Cuando el Partido Nacional Escocés y los Verdes gobernaban juntos, llevaron a cabo una consulta para definir el futuro de su política de vivienda para los próximos dos años”, afirma.

Las consultas se comunican directamente a las asociaciones del sector y a las agencias de alquiler, pero no a los inquilinos individuales. “Por esta razón”, continúa Cameron, “Living Rent se reunió y redactó su respuesta; luego, salimos a la calle y pedimos apoyo. Básicamente, la convertimos en una oportunidad pública para recoger firmas e involucrar a la comunidad”. El resultado fue que un procedimiento muy técnico y complejo se volvió “mucho más accesible”.

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