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A partir del 1 de agosto, 1.400 controladores de la brigada de criminalidad financiera (SDOE) podrán clausurar las tabernas que no den recibos a sus clientes.
Tras la reducción del IVA en la restauración al 13%, el fraude en el sector afecta a todos los destinos turísticos. El objetivo del Gobierno es doble, indica Ta Nea. Por una parte, que la reducción del IVA beneficie a los consumidores, y, por otra parte, evitar un agujero en los ingresos públicos.
Los bares, las discotecas y los restaurantes que no faciliten facturas podrán ser clausurados durante 48 horas, precisa el diario. Y la brigada no solamente instalará un candado, sino que también procederá a poner carteles con el siguiente aviso: “cerrado por evasión fiscal”.
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