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El 8 de diciembre, los Ministros del Interior de los Estados miembros de la UE validaron tres textos presentados por la Comisión Europea, que pretenden endurecer las normativas en materia de migración. Creación de “centros de retorno”, devolución de los migrantes a países “seguros” sin relación con su origen, sanciones más severas para las personas que se nieguen a abandonar el territorio: esta vuelta de tuerca europea marca un antes y un después en la política de acogida del continente.
Si bien estas medidas se han decidido con la intención explícita de contrarrestar la extrema derecha (que en toda Europa presiona para endurecer las normas europeas en materia de migración), han conseguido el beneplácito de esta última, así como de la derecha, en el Parlamento Europeo. A la izquierda y a las organizaciones de la sociedad civil les preocupan las potenciales violaciones a los derechos humanos.
En el futuro, el sistema europeo podría parecerse al mecanismo de externalización de la gestión migratoria llevado a cabo por Italia; un protocolo que, en principio, permitía la detención de migrantes detenidos en el mar en centros en Albania, antes de convertirse en un fiasco. Con todo, las medidas deben votarse en el Parlamento Europeo.
Para aliviar a los países que forman parte de rutas migratorias, los Veintisiete también han validado un sistema de reparto de demandantes de asilo en la UE. A partir del próximo junio, los Estados miembros tendrán que reubicar a su territorio a los demandantes de asilo o pagar una contribución a los países con más presión. Un mecanismo que habría sido objeto de acalorados debates, ya que ahora mismo no abundan los países dispuestos a acoger migrantes.
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