Varios países europeos, entre los que figuran la República Checa, España, Italia, Hungría y Alemania, han sido directamente señalados en un informe conjunto hecho público el 17 marzo por Amnistía Internacional y la ONG Omega Research Foundation, por haber vendido a terceros países materiales como grilletes para dedos, esposas eléctricas y porras punzantes, usados en casos de tortura perfectamente documentados en al menos nueve Estados entre ellos, Estados Unidos, México y Georgia y ésto, a pesar de que desde 2006 existe una ley europea que prohíbe o restringe la exportación de material susceptible de ser usado en el maltrato de prisioneros. Euobserverseñala que los países mencionados en el informe se habrían aprovechado de los vacíos legales en la materia, por ejemplo, exportando separadamente los elementos de los equipos o dándoles una denominación diferente con la intención de engañar a los agentes de aduanas.
"Aquellos que tienen la posibilidad de servirse de la tortura encontrarán siempre los medios de ponerla en práctica", comenta al respecto Zbyněk Petráček en Lidové Noviny, señalando que los artículos en cuestión son de uso corriente en los países exportadores y se usan para garantizar la seguridad de las fuerzas del orden. La Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo debe examinar los avances en la aplicación del reglamento en cuestión el próximo 18 de marzo.