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Alegación por comprobar: “Las políticas climáticas son demasiado costosas” es un mantra frecuente en el discurso político europeo para presentar la transición ecológica como una carga onerosa e indeseable. Suponen una carga aún más pesada para la sociedad que las consecuencias de la inacción, y recibe también acusaciones de “elitismo” y un enfoque estrictamente centrado en las desventajas a corto plazo.
Contexto: Los investigadores han descubierto que las comunidades con miembros de bajos ingresos y las comunidades marginadas pueden sentirse identificadas con las declaraciones políticas que subrayan las desventajas de la acción climática y su carga social. Sin embargo, esta narrativa también puede tener como objetivo retrasar la acción contra el cambio climático y sembrar dudas sobre la viabilidad de la mitigación. En medio de la creciente preocupación por la inseguridad económica y física, los argumentos a favor de la desregulación de las industrias contaminantes han alimentado la idea de que las políticas climáticas serán demasiado costosas. Por ejemplo, los populistas explotan cada vez más la resistencia a las políticas percibidas como “elitistas” en determinadas zonas rurales, donde la población siente que es la más afectada por las políticas climáticas.
Los europeos están “perdiendo la fe” en los gobiernos para llevar a cabo una transición energética “justa y eficaz”, descubrió un estudio reciente. Los ciudadanos de toda Europa siguen apoyando la acción climática, pero muchos sienten una creciente preocupación por la inseguridad económica y física, agravada primero por la pandemia de COVID-19 y luego por la invasión rusa de Ucrania, todo ello en medio de un auge del poder de la derecha y el populismo.
En particular, una investigación del think tank económico independiente Bruegel ha revelado que en Francia, Italia, Alemania, Suecia y Polonia, los casos de negación y escepticismo climáticos son más elevados entre los simpatizantes de partidos de extrema derecha, a pesar de las diferencias en sus funciones en los cinco países.
Pocos partidos de extrema derecha niegan abiertamente el cambio climático, aunque algunos, como AfD en Alemania, siguen rechazando categóricamente la ciencia. Lo más habitual es que estos partidos se opongan a las políticas climáticas citando riesgos económicos o intereses industriales.
En mayo de este año, Giorgia Meloni, del partido de extrema derecha Hermanos de Italia y primera ministra del país, declaró: “He dicho muchas veces que en el desierto no hay nada verde. Debemos luchar contra la desertificación de la industria europea”, añadió.
El Rassemblement National (RN) francés, el partido de extrema derecha de Marine Le Pen, ha argumentado que la protección del medioambiente penaliza el crecimiento económico y ha calificado el Pacto Verde Europeo de herramienta de “ecología punitiva”.
Mensajes contra el clima: instrumentalización de la inseguridad y la protección social
La propaganda anticlimática no suele aludir al cambio climático o las políticas climáticas per se.
“Es una herramienta útil para polarizar contra una élite científica considerada liberal y para movilizar una oposición contra políticas que se consideran perjudiciales para el mercado”, explica Alexander Ruser, profesor del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Agder (Noruega) y uno de los autores del reciente libro The Global Rise of Autocracy (“El auge global de la autocracia”, Routeledge, 2025).
Y añade que también “se relaciona con el aumento del rechazo a las autoridades científicas. La gente desconfía de las motivaciones de los políticos”.
Los estudios confirman que, al adoptar una “postura de confrontación”, los partidos de extrema derecha han politizado cada vez más el cambio climático para convertirlo en una “cuestión divisoria”, poniendo en duda el consenso de los partidos mayoritarios y alimentando las preocupaciones de los votantes sobre las políticas ecológicas.
Los investigadores han descubierto que las declaraciones políticas que enfatizan los inconvenientes de la acción climática y que destacan la carga que supone para la sociedad pueden aceptarse más entre los ciudadanos con bajos ingresos y las comunidades marginadas. Este método también puede tener como objetivo retrasar la adopción de medidas climáticas y sembrar dudas sobre si la mitigación es posible siquiera.
Sin embargo, cuando los representantes políticos hablan de posibles soluciones a la crisis climática que también abordan otras cuestiones importantes para los votantes, como el coste de la vida, es probable que obtengan apoyos, según los expertos.
Estos hallazgos también coinciden con estudios que muestran cómo la opinión pública en Europa y en todo el mundo sigue apoyando firmemente la acción climática, pero este apoyo se ve menoscabado ante la crisis del coste de la vida o cuando las políticas se perciben como injustas.
“Cuando las políticas [climáticas] no se diseñan teniendo en cuenta la justicia social, es muy fácil utilizarlas como arma contra la acción climática en un sentido más amplio”, afirma John Hyland, responsable de comunicación de Greenpeace Europa.
Aunque la acción climática sigue siendo una prioridad para la mayoría de los votantes en Europa, los populistas tratan de aprovechar el escepticismo hacia medidas específicas, ha descubierto otro análisis de Clean Energy Wire (CLEW).
Por ejemplo, los populistas están “explotando” cada vez más la resistencia a las políticas consideradas “elitistas” en algunas zonas rurales, donde la población siente que es la que más sufre las consecuencias de las políticas climáticas, afirmó Daphne Halikiopoulou, catedrática de Política Comparada de la Universidad de York, en una entrevista con CLEW.
Según un estudio publicado en mayo, los agricultores de los países con un “PIB alto” se enfrentan a una presión cada vez mayor por el aumento de los costes debido a las normativas medioambientales, que, a su vez, puede afectar negativamente a la confianza y el apoyo a la acción climática. Según los investigadores, este aumento de presión sobre los agricultores ha sido un factor importante en el contexto de las protestas agrícolas en los Países Bajos, Bélgica, Francia y Alemania.
“Cuando empezaron las protestas de los agricultores en Francia y se extendieron por toda Europa, fue cuando empezamos a ver un cambio en la narrativa, con discursos en contra de la protección del clima y el medioambiente”, afirmó Hyland.
Las narrativas de la política y la industria se alinean: “simplificación” y “competitividad”
En los últimos años, los políticos a nivel europeo también han adoptado los argumentos de la industria.
Los partidos conservadores, como el Partido Popular Europeo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los lobbies empresariales confluyen cada vez más en su oposición a las normas medioambientales de la UE, utilizando a menudo términos como “simplificación” y “competitividad” para justificar la desregulación. Una investigación de InfluenceMap muestra cómo los líderes de la UE se han hecho eco de los discursos de la industria, especialmente en los sectores agrícola y químico.
Según Kenneth Haar, junto con la “simplificación”, el otro “gran mantra” de la política europea es la “competitividad”. Haar es investigador y activista en justicia económica y social en el Corporate Europe Observatory (CEO), un grupo de defensa que critica la agenda política de la UE por considerarla “una campaña [de la industria] a favor de la desregulación”.
El término “competitividad” aparece 42 veces en el informe de la Comisión que esboza las directrices políticas de Ursula von der Leyen para los próximos cinco años.
“Cuando las políticas [climáticas] no se diseñan teniendo en cuenta la justicia social, es muy fácil utilizarlas como arma contra la acción climática en un sentido más amplio” – John Hyland, Greenpeace
“[La agenda actual de la UE] da una idea de cuáles son las prioridades políticas en comparación con el [mandato] anterior. Está claro que el clima ya no es el motor de la agenda por muchas razones diferentes. La competitividad es una de las principales prioridades en este momento”, afirmó Elisa Giannelli, directora del programa de Economía Limpia y Política de la UE en E3G.
La estrategia de la UE también refleja la narrativa de la industria que afirma que “la política climática pone en riesgo la competitividad”, según revela otro informe de InfluenceMap.
Las asociaciones industriales que representan a sectores como el químico, el de la construcción y el automovilístico a nivel de la UE, así como las asociaciones industriales intersectoriales que defienden los intereses empresariales en países concretos de la UE, como Italia, Alemania y Francia, se han opuesto a estas políticas con argumentos que enfatizan el posible impacto negativo de las políticas climáticas en la “competitividad” europea, además de incentivar una terminología ambigua en las políticas para “dejar la puerta abierta” a la expansión de los combustibles fósiles.
Por ejemplo, Confindustria, MEDEF y Airlines for Europe destacó con frecuencia la necesidad de proteger la “competitividad” cuando presionaba a la UE por políticas más laxas en materia de fijación de precios del carbono y reducción de emisiones, según ha puesto de relieve la investigación de InfluenceMap.
En una conferencia de Confindustria celebrada en mayo, la primera ministra Giorgia Meloni dijo: “Es fundamental que la competitividad de todo el sistema productivo europeo tenga el valor de oponerse y corregir un planteamiento ideológico de la transición energética que ha causado tantos daños sin producir los beneficios medioambientales tan ensalzados.”
“La derecha y la extrema derecha han repetido los argumentos de que la regulación equivale a altos costes y, por lo tanto, la desregulación equivale a la asequibilidad”, afirmó Pascoe Sabido, investigador y activista en materia de clima y lobbying de CEO.
“En una crisis del coste de la vida, en la que las familias y las pequeñas empresas tienen dificultades para pagar sus facturas energéticas, uno se puede sentir identificado, pero [el argumento] tergiversa totalmente el origen de los altos costes y cómo, en realidad, las regulaciones pueden protegernos de ser explotados aún más por las grandes empresas”, añadió.
Según las conclusiones del IPCC, no hay pruebas de que las políticas climáticas hayan repercutido en la competitividad internacional a partir de 2022.
“Se paga al contaminador”
Una línea política europea que impulsa la “competitividad” y la “simplificación” es el resultado de “los intercambios existentes entre la Comisión, el Consejo y los lobbies empresariales durante los últimos dos años”, argumenta CEO.
Las grandes empresas han desempeñado un papel fundamental en la configuración de las recientes iniciativas de la UE, como el reciente Pacto por una Industria Limpia, publicado en febrero, centrado en las industrias con alto consumo energético y cuyo objetivo es, entre otras cosas, reducir los precios de la energía, impulsar la demanda de productos bajos en carbono y financiar la transición limpia.
El plan resulta de la Declaración de Amberes, un llamamiento realizado por 73 empresas de diversos sectores, entre las que se encuentran BASF, Bayer, Equinor y Shell, un año antes de la publicación del del Pacto por una Industria Limpia.
“Los industriales se reunieron en Amberes. Hicieron un llamamiento muy claro a la Comisión Europea que decía: ‘tenéis que apoyar más a la industria’, [...] y, en cierta medida, es comprensible, ya que la transición ecológica plantea muchos retos [...]. Por otra parte, es claramente una iniciativa impulsada por la industria”, argumentó Silvia Pastorelli, responsable de la campaña sobre petroquímicos de la UE en el Center for International Environmental Law (CIEL).
Según CEO, el Pacto por una Industria Limpia es “un manifiesto escrito por contaminadores, para contaminadores”, y en lugar de favorecer el principio de “quien contamina paga”, “da prioridad a que ‘se pague al contaminador’, y deja que el público pague la enorme factura de las consecuencias sanitarias y medioambientales de la contaminación química”.
“La protección social es otro elemento que, en términos generales, es una debilidad constante de las políticas. Y, la verdad, no hemos visto ningún cambio significativo a la hora de abordar esos retos estructurales. [...] Esperamos que aparezca en otras propuestas [de la UE] que esperamos para este año”, afirmó Giannelli, de E3G.
La mayoría de los defensores del clima y los investigadores coinciden en que las políticas climáticas centradas en la justicia social pueden ayudar a combatir la creciente amenaza de los políticos que se oponen a la acción climática.
Según E3G, la transición europea está produciéndose de forma desigual, ya que los gobiernos nacionales suelen dar prioridad a los intereses a corto plazo frente a un enfoque coordinado de la UE. Además, la extrema derecha y los intereses creados utilizan las tensiones sociales y las cuestiones socioeconómicas “para socavar la transición ecológica”.
En Alemania, por ejemplo, el descontento con la clase política ha permitido a los populistas desafiar y socavar las opiniones mayoritarias, incluidas las relativas al cambio climático.
Los discursos que alimentan el mensaje de que la población de a pie será la más afectada por las políticas climáticas no tienen en cuenta que estas pueden y deben ir en consonancia con la protección socioeconómica.
Las políticas medioambientales deben tener en cuenta las repercusiones sociales y económicas en la sociedad para garantizar la equidad y la protección de todos los sectores de la sociedad durante la transición hacia una economía más verde y limpia, según subraya un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Sin estas consideraciones, las políticas pueden dejar atrás a los sectores vulnerables de la población.
Climate policies that are equitable and redistributive can strengthen social inclusion by protecting the most vulnerable households, according to another analysis by the French Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE). More research by E3G in Denmark and Poland shows that delivering homes that are both affordable and sustainable is feasible.
Las políticas climáticas equitativas y redistributivas pueden reforzar la inclusión social mediante la protección de los hogares más vulnerables, según otro análisis del consejo francés Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE).
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Desde la década de 1980 y la financiarización de la economía, los actores financieros nos han mostrado que los vacíos legales esconden una oportunidad a corto plazo. ¿Cómo terminan los inversores ecológicos financiando a las grandes petroleras? ¿Qué papel puede desempeñar la prensa? Hemos hablado de todo esto y más con nuestros investigadores Stefano Valentino y Giorgio Michalopoulos, que desentrañan para Voxeurop el lado oscuro de las finanzas verdes; hazaña por la que han sido recompensados varias veces.
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