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El Tribunal Europeo de Justicia emitió un veredicto el 14 de marzo sobre la legislación española que regula las ejecuciones hipotecarias, que ha generado 400.000 desahucios desde el inicio de la recesión y de la crisis, tachándola de “abusiva” y subrayando que contraviene la Directiva 93/13 sobre protección del consumidor.
Ahora los jueces pueden aplicar medidas cautelares y paralizar miles de ejecuciones hipotecarias y los expertos consideran que las personas que han sido desahuciadas ilegalmente podrían pedir compensaciones económicas.
El pasado noviembre, el diario de Barcelona apoyó una campaña de recogida de firmas para pedir el fin de los desahucios.
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