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Entre el 12 y el 14 de septiembre, la policía turca realizó una serie de redadas coordinadas contra organizaciones y activistas defensores de los derechos de las personas LGTB+, así como contra muchos locales comunitarios. La operación, conocida como “Mi familia está a salvo” (“Ailem Güvende”, en turco, “My familiy is safe” en inglés), ha llevado al arresto de más de un centenar de personas, 83 de las cuales quedaron en prisión preventiva. Por otra parte, más de 160 personas han sido objeto de investigaciones penales.
Para justificar los arrestos, las autoridades han aducido motivos como la obscenidad, el trabajo sexual y las infracciones asociadas a las drogas. Del mismo modo, la represión va acompañada de una censura masiva de los medios de comunicación, sitios web y cuentas en redes sociales pertenecientes a organizaciones e individuos que defienden los derechos humanos y los derechos LGBT+. Una censura que se hace eco de la represión constante de las personas LGBT+ en los medios de comunicación, la cultura y el espacio público.
Las manifestaciones organizadas en oposición a las intervenciones policiales se saldaron, a su vez, con la identificación de más de un centenar de personas, que posteriormente fueron puestas en libertad.
Esta represión anti-LGBT –la más importante de estos últimos años en Turquía– ha sido muy criticada en el ámbito internacional. La Unión Europea se ha “expresado sin ambigüedad”, según una de sus portavoces.
“La reciente oleada de represión es extremadamente preocupante y Turquía debe respetar los derechos fundamentales, muy en especial la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, incluyendo en ello a la comunidad LGTBIQ+” Un mensaje que, según ella, se ha transmitido a las autoridades turcas por vías públicas y diplomáticas. “La UE sigue de cerca la situación”, añade la portavoz. “Ha recalcado que las autoridades turcas deben velar por el respeto de las garantías de un procedimiento regular y que toda persona detenida de manera arbitraria sea liberada de inmediato y que se abandonen las acusaciones infundadas”.
Indignación internacional
La sociedad civil también se ha alzado en todo el mundo contra el ataque orquestado por el gobierno turco. En un texto conjunto, 450 asociaciones piden que cese la criminalización de los movimientos LGBT+ y reclaman la movilización de las instituciones y organizaciones internacionales. Los firmantes exigen la liberación de las personas que aún siguen detenidas, el fin de las redadas y de la censura, y que la labor de las organizaciones en Turquía deje de utilizarse como prueba de actividades delictivas.
Exigen igualmente que se “ponga fin a la instrumentalización de las mujeres, los niños y la ‘familia’ para legitimar la discriminación en contra de las personas LGTB+ y que se garantice que las organizaciones LGTB+ puedan funcionar libremente, de forma segura y sin intimidaciones”.
“‘Redada’: no hay otras palabras para describir lo que está ocurriendo”, alerta la Federación de Centros LGBTI+ y LGBTQIA+ de Francia en un comunicado. “Cuando se detiene a alguien por lo que es o por a quién ama, cuando se le condena por ello, se produce el atraso de una libertad; un silencio mañana, significa que el miedo se está instalando. Neguémonos a someternos a la intimidación, al silencio y al olvido”.
Ante la represión, la Federación pide a Francia que aclare su postura. “Por ello, solicitamos al Gobierno que condene públicamente esta redada, que exija explicaciones a las autoridades turcas y que apoye a las asociaciones LGBTI+, así como a los defensores de los derechos humanos que continúan su labor a pesar de las presiones”.
Ümit Metin, coordinador general de la Asamblea Ciudadana de Originarios de Turquía (ACORT) –una organización de la comunidad turca en Francia– expresa su preocupación por la represión contra las personas LGBT+.
“Desde [el movimiento de protesta de 2013], se observa una voluntad de intensificar la represión, de intimidar y reprimir a la población”, asegura. “Por eso, las marchas del Orgullo en Estambul están prohibidas desde 2015, y [las manifestaciones por la jornada del 8 de marzo] también están prohibidas”.
La ACORT expresa su inquietud ante el silencio de Europa que, según Metin, obedece a motivos económicos y políticos. Señala específicamente el mutismo de Francia, “esto no es algo nuevo; viene ocurriendo desde 2015 y [el acuerdo sobre migración concertado entre la UE y Turquía]”. Actualmente, la ACORT espera del gobierno francés una reacción política, así como una política migratoria adecuada, en previsión de las fugas de personas que el clima represivo en Turquía podría provocar.
Caída en el autoritarismo
La ofensiva del gobierno turco contra el colectivo LGTB+ no es algo reciente. La idea de una “normalización de la homosexualidad” vista como una amenaza para la sociedad y los valores familiares ya había servido de pretexto al poder cuando el país se retiró del Convenio de Estambul en 2021. Tal como recuerda Metin, la marcha del Orgullo está prohibida desde 2015, y la sociedad turca sigue marcada por la discriminación contra el colectivo LGTB+, una losa que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se empeña en hacer cada día más pesada multiplicando los ataques contra las minorías sexuales y de género.
En todo el mundo, la inestabilidad política suele ir en consonancia con la represión de las personas LGTB+ y Turquía no es una excepción.
“Cuando el gobierno sufre fuertes presiones por parte de la oposición y de la sociedad respecto a ciertas cuestiones, utiliza los sentimientos anti-LGTB+ como cortina de humo para difuminar esos problemas, cambiar de tema o ganar el apoyo de la opinión pública”, cuenta el periodista Yildiz Tar en una entrevista concedida al medio de comunicación turco The Amargi. Tar ejerce, entre otras funciones, la de editor jefe de Kaos GL, organización histórica de defensa de los derechos LGTB+ en el país, que se ha visto afectada por la ola de detenciones.
“Que se haya bautizado la operación del 12 de septiembre como ‘Mi familia está a salvo’ es uno de los ejemplos más evidentes”, precisa el periodista. “No existe ningún dato, ningún indicio del tipo que sea, que demuestre que las personas LGBTQ+ constituyen una amenaza para la familia”.
Para Tar, la amenaza que pende sobre las familias turcas proviene sobre todo del “empobrecimiento masivo y del sistema de explotación”, cuyas consecuencias sufren muy en particular las mujeres y la infancia.
“Las prácticas represivas que hace años se centraron en los kurdos se han extendido ahora al resto de la sociedad” – Ümit Metin
“Pienso que [Recep Tayyip Erdogan] ha elegido su marco temporal y que prepara su reelección”, opina Ümit Metin haciendo referencia a las votaciones presidenciales de 2028. Al contrario que lo prometido anteriormente, el dirigente del país desde hace más de veinte años estaría considerando aspirar a un cuarto mandato, según uno de sus asesores.
Desde 2003 hasta la actualidad el dirigente, que fue primer ministro antes de ocupar la presidencia, ha sido acusado de arrastrar al país al autoritarismo, como evidenció la violenta represión del movimiento de protesta de 2013 –durante el cual la policía disparó munición real contra los manifestantes– o las purgas que siguieron al fallido golpe de Estado de 2016.
“Se ve que las prácticas represivas que hace años se centraron en los kurdos se han extendido ahora al resto de la sociedad”. Según Metin, la retórica anti-LGBT+ del poder pretende sobre todo tranquilizar a un electorado conservador ante el impasse económico en que está inmersa Turquía. El coordinador de ACORT se sigue mostrando pesimista. “Esta represión se va a agravar”, dice inquieto.
Los ataques del gobierno no se limitan a las personas LGBT+. La periodista Tugba Tekerek también ha sido arrestada, al igual que siete miembros de la organización Kaos GL, quedando sujeta a prisión preventiva. Se usó como motivo un artículo que había redactado. Sin pruebas, tal como ella lo detalla en una carta abierta, el poder la acusa de ser la administradora de la cuenta de Instagram de esa organización.
Desde hace años, Turquía intensifica su represión contra el sector de los medios de comunicación. Más allá de los profesionales de los medios detenidos a raíz de la operación “Mi familia está a salvo”, también se produjeron otros arrestos durante el movimiento contra el gobierno de 2025. Entre 2016 y 2026, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha constatado la detención de 174 periodistas en Turquía.
También dentro del marco de la operación lanzada en septiembre, la justicia turca decidió bloquear el acceso al medio de la oposición T24, alegando que 118 artículos publicados en la plataforma a lo largo del año podrían constituir “propaganda LGBT”.
Se trata de una represión que guarda un estrecho paralelismo con la que se ejerce habitualmente en el ámbito político turco, que sigue dominado por el AKP. El alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu –considerado por algunos como el principal rival de Erdogan– está encarcelado desde marzo de 2025. Tras ser condenado a dos años y un mes de prisión por injurias, ahora se enfrenta a una acusación de espionaje, un cargo que podría acarrearle una pena de entre 15 y 20 años de cárcel.
🤝Este artículo forma parte del proyecto colaborativo PULSE. György Folk (EUrologus/HVG, Hungría) y Lorenzo Ferrari (OBCT, Italia) han contribuido.
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