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En una carta abierta publicada por De Volkskrant y The Independent, el ministro holandés de Asuntos Sociales y Empleo, Lodewijk Asscher, y el director del think tank británico Demos, David Goodhart, ponen sobre aviso contra las "consecuencias negativas" de la llegada de trabajadores de Europa Central y Oriental. A través de ella, invocan la puesta en marha de un "código naranja" como el que está en vigor en los Países Bajos, que indica que las aguas de los ríos alcanza un nivel inquietante. Las últimas restricciones a la libre circulación de trabajadores rumanos y búlgaros serán levantadas, en Alemania, los Países Bajos y el Reino Unido, el próximo 1 de enero de 2014.
Asscher y Goodheart estiman, particularmente, que el fenómeno provocará un "dumping salarial" por parte de los trabajadores de Europa Central y Oriental, en perjuicio de sus homólogos de origen autóctono de menor formación. Al contrario, los más instruidos se beneficiarán de esta libre circulación. De esta manera, proponen sanciones para las sociedades que exploten a estos trabajadores, aplicando las reglas salariales de su país de origen.
Para De Volkskrant, esto abre el debate de los acuerdos salariales en ámbito europeo.
En su crónica publicada por el diario de Amsterdam, el escritor holandés Arnon Grunberg, critica la falta de "propuestas concretas" y de pruebas de la "nocividad de la inmigración laboral" en la carta de Asscher y Goodhart. Para Grunberg,
la inmigración por razones económicas va, sin duda, en paralelo con algunos abusos. Algunos trabajadores inmigrantes reciben, por ejemplo, menos que el salario mínimo. Pero el hecho de tomar a veces los transportes públicos sin pagar no es una razón para suprimirlos. La mayoría de los economistas saben, por otra parte, que el salario mínimo prácticamente no tiene efectos positivos.
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