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Un fantasma ronda por Europa. El recuerdo de los referéndums nacionales de 2005 que rechazaron la constitución de la UE ha llevado a los líderes políticos a responder a la crisis actual con medidas de emergencia que no necesitan la aprobación popular. Pero las soluciones a más largo plazo requieren una legitimación democrática.
José Manuel Barroso, presidente de la Comisión, ha llegado incluso a hacer un llamamiento para crear una federación de Estados naciones. El alemán Guido Westerwelle, junto a otros diez ministros de Exteriores [ocho según el original], recientemente propusieron reformas fundamentales que podrían desembocar en una Europa de dos velocidades: siempre que lo apruebe una mayoría cualificada de Estados miembros, el nuevo tratado sería vinculante aunque los demás Estados no den su aprobación. Estas modificaciones tan radicales no se pueden lograr sin el consentimiento popular.
La democracia directa es un asunto arriesgado. Europa no debe repetir los errores organizativos que contribuyeron al fiasco de 2005. La convención constitucional produjo entonces un texto de 350 páginas escrito en un idioma jurídico que desconcertaba a los votantes. Peor aún, no se hizo nada especial para animar a los ciudadanos a que deliberaran seriamente sobre la opción profética que tenían ante sí. No es de extrañar que los debates políticos estuvieran en su mayoría dominados por la insignificante política del momento.
Un nuevo contrato social
Esta vez, Europa debe seguir el ejemplo del exitoso experimento en tres fases de Sudáfrica para crear una constitución. Durante la primera fase, los participantes simplemente intentaron elaborar una declaración de principios básicos. Sólo después prosiguieron con un largo texto legal que determinaba el nuevo contrato social. Por último, el Tribunal Constitucional de Sudáfrica tenía que confirmar si los largos legalismos se ajustaban a los principios iniciales.
Para trasladar esta secuencia a Europa, el proyecto debería seguir los tratados actuales, organizando una convención que represente a las cámaras nacionales y al Parlamento Europeo, a los jefes de Estado y de Gobierno y a la Comisión Europea. Este organismo se centraría en formular principios constitucionales comprensibles, que luego podría revisar una conferencia intergubernamental.
Esta declaración, por ejemplo, expondría los amplios poderes concedidos a la Unión, pero no una lista detallada de competencias; establecería los principios de representación en los organismos europeos, pero no se pronunciaría sobre el sistema de voto. Tras la reciente propuesta de los ministros de Exteriores, también diría cuántos miembros de la UE deben ratificar el tratado final antes de que entre en acción entre las partes firmantes.
Tres fases
La primera fase acaba con la aceptación o el rechazo de la declaración de principios por parte de cada Estado miembro, mediante referéndum o la votación del parlamento, en función de cada constitución. El carácter directo de los principios será de especial importancia en países como Francia (sin duda) y Alemania (probablemente) que seguirán la ruta de la democracia directa.
Los oponentes nacionalistas ya no podrían denunciar un tratado incomprensible que forme parte de una mayor conspiración eurócrata. Los votantes se enfrentarán a las diferentes opciones en términos concretos. Pueden votar sí o no, pero existen menos posibilidades de que sucumban a la demagogia populista. La concentración en los principios también ayudará a los países a debatir la necesidad de enmendar sus constituciones nacionales (como también puede ser el caso en Alemania).
Cuando se celebren los referéndums, los ciudadanos también votarán a los representantes nacionales para la convención de la segunda fase en la que se elabora el texto final. Puesto que los candidatos rivales adoptarán posiciones distintas sobre la declaración de principios, su debate ayudará a los votantes a comprender mejor las cuestiones básicas que plantea el referéndum. Si la ciudadanía vota sí, la selección popular de delegados creará otro vínculo democrático con el documento final, lo que aumenta aún más su legitimidad.
Una elección histórica
La segunda convención no podrá abusar de su mandato popular desviándose de los principios fundamentales, sino que entregará el producto de su trabajo a un tribunal especial que garantizará su conformidad. El presidente del Tribunal de Justicia Europeo deberá presidir sobre un tribunal compuesto por los presidentes de los tribunales supremos de cada Estado miembro. Este tribunal garantizaría la conformidad del texto final con los principios constitucionales aceptados por los votantes. Esta comprobación judicial final debería aportar al nuevo tratado constitucional una legitimidad suficiente como para que entre en vigor, sin que sea necesario realizar otra ronda de ratificaciones en los Estados miembros. También reducirá el riesgo de futuros retos jurídicos contra la UE reconstruida ante los tribunales nacionales.
Europa se enfrenta a una elección histórica. Los líderes políticos no pueden garantizar un resultado de éxito. Pero tienen la gran responsabilidad de diseñar un sistema que plantee las preguntas clave de forma que permita tomar una decisión democrática fructífera y deliberada. Nuestro procedimiento de tres fases podría concluir en un plazo de tiempo razonable y proporcionar una sólida base democrática para una Unión que esté preparada para afrontar los retos del siglo XXI.
