La presidencia rotativa de la Unión Europea es, afortunadamente, un asunto de poca importancia, como consecuencia del Tratado de Lisboa. En el pasado ha quedado ya esa época en que los países que presidían las reuniones de la UE durante seis meses trataban de superarse entre sí con acontecimientos por todo lo alto y comunicados elogiando sus obsesiones internas. En la actualidad, las conferencias son mucho más aburridas, se celebran en Bruselas y son presididas por un presidente permanente, normalmente Herman Van Rompuy.

El turno de Hungría, que empezó el 1 de enero, no pasará inadvertido. De camino al aeropuerto de Budapest, una enorme pancarta celebra esa feliz ocasión. La presidencia le ofrece a un pequeño Estado ex comunista la oportunidad de promocionarse. Viktor Orban, el belicoso primer ministro de Hungría, estaba deseando poder aprovechar ese momento de fama.

Sin embargo, algo que no esperaba Orban es que fuese abucheado de esa forma tan generalizada cuando salió a escena. Olvidemos sus propósitos europeos, como la reforma del euro y un amplio programa europeo para la integración de los romaníes, ahora el centro de atención lo acaparan los trapicheos internos de Orban. El 21 de diciembre, su partido Fidesz aprobó una legislación que obliga a la televisión, los periódicos y los medios en línea a estar bajo la supervisión de una nueva autoridad con poder para imponer grandes sanciones por delitos no muy bien definidos, como violar la “dignidad humana”. Todos los miembros de la autoridad fueron nombrados por Fidesz.

Fidesz asegura que no desea impedir la libertad de prensa, pero los periódicos de la oposición han dejado sus portadas en blanco como señal de protesta. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha manifestado su alarma. Alemania, Francia y Gran Bretaña también han manifestado su preocupación. Un periódico alemán ha llamado a Hungría ‘Führerstaat’ (Estado nacional-socialista).

Europa no plantará cara a Hungría

Si el escándalo estuviese solamente relacionado con las leyes impuestas a los medios de comunicación, Orban saldría bien librado por afirmar que las disposiciones se han sacado de las leyes de otras democracias. Sin embargo, su actitud resulta tan preocupante como su última campaña para debilitar las instituciones independientes y centralizar el poder. Buscando una política económica “patriótica”, el Gobierno rechazó las prescripciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), se apoderó de las pensiones privadas, sustituyó al consejo fiscal en la supervisión del presupuesto, buscó la forma de desbancar al dirigente del Banco Central y limitó el poder del Tribunal Constitucional. Los impuestos excepcionales de “crisis” han alarmado a los inversores extranjeros. La propaganda mostrada en los edificios públicos afirma que hasta ahora Hungría no había recuperado su autodeterminación, a pesar de llevar siendo un país libre desde hace dos décadas.

Eso no es un regreso al totalitarismo, pero esa ansia de poder del Gobierno suscita una difícil cuestión. ¿Se permitirá que un país que va por ese camino ingrese en la Unión Europea? Probablemente no. No obstante, a la hora de promocionar la democracia, la UE tiene menos influencia en sus miembros que en sus solicitantes. Como dice un diplomático: “Para ingresar en la UE tienes que oler a rosas. Pero si eres uno de sus miembros, y empiezas a apestar, nadie te dirá que te des un baño”.

El sentido del olfato del Van Rompuy le falló, sin duda, cuando visitó Budapest para celebrar la presidencia de Hungría el día que se aprobó la ley mediática. Orban, dijo, ha causado una “impresión excelente”. La Comisión Europea ha arrugado el ceño, le ha pedido a Hungría que dé explicaciones, pero no está dispuesta a hacerle frente.

No hay mecanismos para controlar el déficit democrático

Los eurócratas dicen que es muy poco probable que lleven a Hungría ante el Tribunal de Justicia Europeo, aunque la carta de los derechos fundamentales declara que “la libertad y la pluralidad de los medios debe respetarse”. La Comisión dice que eso se limita a las acciones de las instituciones de la UE y de los Estados que promulgan su legislación, pero que no se aplica a las políticas internas aunque, como es el caso de Hungría, las dudosas disposiciones estén adscritas a leyes y transpongan las directivas europeas. Los socialistas del Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) han planteado la opción nuclear: suspensión del derecho a voto de Hungría por “un quebrantamiento serio y persistente” de los valores esenciales de la UE. Sin embargo, de momento, ningún Estado va a tomar una decisión tan drástica.

Por esa razón, el libro de normas de la UE se ve extrañamente sesgado. La crisis del euro está obligando a un sistema de supervisión de las economías de los países miembros más estricta, con sanciones para controlar el déficit fiscal, pero no existe una maquinaria semejante en lo que se refiere al déficit democrático. Es obvio que la democracia no puede cuantificarse como los préstamos públicos, pero la UE necesita encontrar una forma de implantar unos estándares políticos mínimos.

La presión de sus homólogos es la mejor respuesta. Los líderes europeos deberían ser más rotundos. En público y en privado, en las reuniones ministeriales y en las recepciones de alta gala, hay que decirle a Orban que cambie sus formas. Durante los próximos seis meses que ocupará el centró de atención será más vulnerable. La presidencia puede convertirse en su perdición; así como en una bendición para la democracia húngara.