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“Las reacciones exaltadas y desproporcionadas de algunos políticos europeos ante el anuncio de mi nuevo compromiso político son una ofensa hacia la libertad de elección de los italianos”. A menudo las declaraciones de Silvio Berlusconi en el ámbito europeo han resultado embarazosas, pero en esta ocasión es difícil quitarle la razón. La simple declaración de intenciones de un ciudadano de la Unión Europea de ejercer un derecho democrático fundamental ha bastado para desencadenar una avalancha de comentarios con tintes indignados y apocalípticos. En concreto, por parte de la canciller alemana, Angela Merkel, para la que el retorno del “Cavaliere” supone una seria amenaza para toda la Unión.
No todo el mundo comparte esta opinión en Alemania. Wolfgang Münchau escribió en Der Spiegel que gracias a la candidatura de Berlusconi, que ha calificado el conocido spread (el diferencial o la prima de riesgo en relación a los bonos alemanes) de “estafa” para justificar la austeridad impuesta por Alemania, “por primera vez las políticas de crisis se encuentran en el centro de la campaña electoral en un gran país europeo. [...] En Italia tendrá lugar un gran debate político sobre la conveniencia de recortar el gasto público durante una recesión y de continuar obedeciendo al diktat alemán sobre la austeridad. Creo que es una noticia excelente”.
Dejando al margen la conclusión, este análisis lo comparten la mayoría de los líderes europeos, y ahí reside el problema: hasta ahora el “consenso de Bruselas” sobre el que se basa la respuesta a la crisis del euro siempre había dejado de lado el debate democrático. Y sucedía por razones evidentes. La mera posibilidad, aunque remota, de que Italia, cuya deuda pública es la cuarta a escala mundial, se atraviese, haciendo que descarrile la estrategia anticrisis, ya hace que Europa se tambalee y ha bastado para desencadenar el miedo en los mercados y poner en riesgo la estabilidad de los países periféricos.
De una vez por todas, la crisis muestra que la llegada del euro sustrajo las políticas presupuestarias de la soberanía nacional. Entre las ultimas propuestas lanzadas por lo que resulta conveniente llamar la agenda federalista, se incluye con buen criterio que debería crearse un “ministerio de Finanzas” de la zona euro que garantice la convergencia. Por el contrario, la unión política que debería representar su legitimación democrática sigue un camino mucho más distante y desdibujado.
A la espera de que eso se concrete, nos vemos abocados a continuar asistiendo a una interminable serie de “cumbres decisivas” en las que los dirigentes de los países más fuertes se ponen de acuerdo entre sí y a puerta cerrada, como si se tratase de un perpetuo Congreso de Viena: un modelo que la historia ya ha censurado. Seguir imponiendo el respeto hacia las decisiones que se toman entre dos valses en Bruselas, con presiones y amenazas, más o menos veladas, y la aplicación sistemática de la etiqueta de “populista” a quien osa no mostrarse de acuerdo, como sucede desde hace tres años en todas las citas electorales de los países periféricos, únicamente puede favorecer la proliferación de émulos de Silvio Berlusconi y de Viktor Orbán.
En el debate sobre la unión política sistemáticamente se pasa por alto un detalle: la Unión Europea ya tiene un Ejecutivo y ministros. Se trata de la Comisión Europea y de sus miembros, aunque se tenga la tendencia a olvidarlos. Tal y como han demostrado las negociaciones sobre el presupuesto de la UE, el refuerzo del método intergubernamental, coronado por la institución redundante de la carga del presidente del Consejo Europeo, ha eclipsado el papel de la Comisión, cuyo presidente ha sido elegido, entre otras razones, porque no se veía inclinado a contradecir a quienes le dieron el trabajo. Pero el problema se remonta a mucho antes de que José Manuel Durao Barroso llegase a la presidencia. Que el Ejecutivo europeo no dependa del Parlamento Europeo, sino de una retahíla de soberanos representa una anomalía institucional que acerca más a la Unión Europea a las monarquías del siglo XVI que a los Estados democráticos.
La idea de conferir al Parlamento Europeo, la única institución elegida por sufragio directo, una competencia que parece que se le concede por derecho y que recientemente ha relanzado el diario holandés Trouw, según el cual “únicamente cuando la composición de la Comisión quede vinculada a la orientación política del Parlamento, el voto de los ciudadanos determinará la dirección de la Unión” y se pondrá fin así a una época de tecnócratas y de Gobiernos de urgencia. Hasta entonces, habrá que continuar mostrando nuestra confianza y respeto antes las democracias nacionales. Los europeos ya han demostrado que saben votar de manera responsable cuando revierte en su propio interés: dejemos que sean ellos quienes juzguen a Silvio Berlusconi y a sus émulos.
