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Los 37 ministros del Gobierno francés publicaron su patrimonio el 15 de abril, en lo que el diario Le Figaro califica como el “striptease de la República”. Esta operación de transparencia quería servir de cortafuegos ante el caso Cahuzac, pero ha generado críticas desde las filas de la izquierda y de la derecha.
“¿Permitirán las nuevas reglas evitar un nuevo caso Cahuzac? La respuesta negativa alimenta la confusión que existe entre riqueza y deshonestidad”, defiende Libération. El diario de izquierda no esconde el escepticismo que siente ante el gesto realizado:
La necesaria moralización de la vida pública merecía algo mejor que una medida impulsiva, ineficaz, puede que hasta tóxica y seguramente irreversible.
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Le Figaro, por su parte, señala “los límites y los peligros de esta transparencia adoptada con gran premura en un país que tiene una relación tan complicada con el dinero”.
Además, el diario conservador pone en duda “el alivio de los franceses”:
Con respecto a los electores [...], sin lugar a dudas, preferirían que la política de François Hollande de lucha contra el paro sea algo menos “transparente”…
En Berlín, Die Tageszeitung duda que estas revelaciones hagan que la política francesa sea más transparente:
Todos estos datos se aportan sin garantías. Los ciudadanos no puede compararlos con la declaración de impuestos de los ministros, que siguen siendo confidenciales. ¿Es que alguno esperaba verdaderamente que los ministros desvelasen sus cuentas secretas en Luxemburgo o una empresa en un paraíso fiscal como las islas Caimán?
