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Cinco años después de su nacionalización, el banco austríaco Hypo Alpe Adria está de nuevo bajo la tormenta: el 2 de junio, su antiguo presidente, Wolfgang Kulterer, y su antiguo vicepresidente, Günter Striedinger, fueron respectivamente condenados a tres años y medio y a cuatro años de prisión por fraude. Remontándose a 2004, el fraude ocasionó una pérdida de 5,5 millones de euros a la entidad, lo que casi contribuyó a su quiebra en 2009, explica Der Standard, que titula “Hypo, jefedimite, ex jefes deben ir a la cárcel”.
El mismo día, el actual patrón del banco, Gottwald Kranebitter, anunciaba su dimisión, declarándola, según considera Der Standard, como “un fenómeno de disolución de la entidad”.
¿Cuánto dinero debe gastar el Estado para evitar este nuevo “Hypo-desastre”?, se preguntaDie Presse. El diario vienés señala que, a escasos meses de las elecciones legislativas de septiembre, “el Gobierno se niega a revelar informaciones sobre la dimensión de la catástrofe”. De hecho, el 28 de junio, la Comisión Europea presentó un proyecto de recuperación para el banco, indicando el montante de las subvenciones, pero la coalición en el poder — los cristiano-demócratas (ÖVP) y los social-demócratas — rechazaron comunicar las cifras.
Aunque la ministra de Finanzas, Maria Fekter (ÖVP), considere que los 700 millones de euros presupuestados para el balance semestral del banco serán suficientes, Die Presse, en su comentario, no lo cree en absoluto:
En el mejor de los casos (improbable) la disolución del Hypo Alpe Adria costará 4.800 millones de euros al contribuyente austriaco; si todo va mal, se puede pensar en 8.300 millones, teniendo en cuenta los 2.200 millones [que el Estado austriaco] ha invertido ya, eso hará que pase de 7.000 millones a 10.500 millones.
