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El 9 de junio, a los representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se les notificó su expulsión del territorio libio por realizar "actividades ilegales". En el mismo momento comenzaba una nueva ronda de negociaciones para lograr un acuerdo de cooperación entre Libia y la Unión Europea.
Resulta difícil creer una coincidencia: desde hace varios años, Europa cuenta con el apoyo de Trípoli para ayudarla a controlar los flujos migratorios que llegan a los países de la costa mediterránea. Y Gadafi no se priva de hacer subir las apuestas.
Libia, punto neurálgico de la inmigración del Mediterráneo
Libia es actualmente el principal país de tránsito para las decenas de miles de africanos que sueñan con Europa. Según las estimaciones de las autoridades locales, de uno a dos millones de extranjeros pasan actualmente por el territorio libio.Un gran número de ellos llega con la esperanza de atravesar el Mediterráneo hasta Italia. En 2008, la mayoría de los 37.000 inmigrantes que desembarcaron al sur de la península en pateras salieron desde playas libias.
Para poner fin a este fenómeno, que comparan a una invasión los aliados de la Liga Norte de Silvio Berlusconi, éste ha firmado con Muamar al Gadafi un tratado de amistad en el que una de sus disposiciones organiza la contención de los flujos migratorios. La entrada en vigor de este tratado la primavera pasada se tradujo en el regreso hacia Libia de alrededor de 850 inmigrantes, sin tener en cuenta el derecho internacional: la Convención de Ginebra prohíbe el retorno de los posibles refugiados hacia un país donde su vida pueda correr peligro.
Según los testimonios recogidos por la organización Human Rights Watch, los inmigrantes rechazados que vuelven hacia Libia normalmente acaban en prisión. O bien se les expulsa hacia sus países de origen, donde les espera un destino aún menos envidiable a los que intenten escapar a las persecuciones. El gobierno italiano, haciendo caso omiso de las acusaciones de las asociaciones y organizaciones internacionales, resaltó la eficacia de su colaboración con las autoridades libias: a finales de 2009, el número de clandestinos que desembarcaron en Sicilia o en Lampedusa descendió casi un 90%.
El acuerdo UE-Libia, suspendido por la cuestión de los refugiados
Lejos de condenar esta práctica, los demás países miembros de la Unión Europea, con Francia a la cabeza, aprovecharon la iniciativa italiana para solicitar la firma rápida de un acuerdo de cooperación con Libia para regular la cuestión migratoria. La séptima ronda de negociaciones entre la Comisión y la diplomacia libia, abiertas el 8 de junio, comenzó centrándose en este tema candente. El pasado verano, la Unión Europa pensaba abrir en territorio libio una serie de "puntos de acogida", en el que los refugiados podían solicitar asilo sin correr el riesgo de una travesía peligrosa.
Jacques Barrot, el comisario encargado de cuestiones de asilo e inmigración, se desplazó en persona al lugar para estudiar la posibilidad de implantar un dispositivo de este tipo. Pero el alto comisario para los refugiados, que estaba de viaje, había expuesto serias reservas ante las "terribles condiciones de acogida" en Libia. Y con razón: el país no ha firmado la Convención de Ginebra, que regula el derecho internacional de los refugiados. En opinión de Cecilia Malmström, que sucedió a Barrot en su puesto el pasado mes de febrero, no se podría firmar ningún acuerdo con el país mientras no hubiera firmado la mencionada Convención.
En este contexto, la decisión de cerrar la oficina del ACNUR y de expulsar a sus 26 empleados supuso un golpe duro para los europeos, pero también para los cerca de 9.000 refugiados de los que se hacían cargo. Según un diplomático occidental, Libia habría tomado esta decisión para limitar el flujo de refugiados en su territorio. Pero Gadafi sabe perfectamente que Europa necesita un acuerdo, cuya disposición sobre inmigración deberá respetar las formas del derecho de los refugiados para que sea aceptable. En este sentido, el cierre de la oficina del ACNUR parece un farol para presionar a los negociadores europeos.
Gadafi reclama 5.000 millones de euros al año
Desde que fue consciente de la sensibilidad extrema de los europeos ante la cuestión de la inmigración ilegal, Gadafi se divierte poniéndoles de los nervios. Los países directamente afectados, como Italia, hacen cualquier cosa para no enfadar al dictador, por miedo a que abra las "compuertas" migratorias. El último ejemplo hasta la fecha: el contencioso que ha enfrentado a Suiza con Libia por el encarcelamiento arbitrario de un residente helvético, finalmente liberado el 10 de junio tras cuatro meses de detención.
Se trata de un asunto rocambolesco, cuyo origen fue el arresto del hijo del dictador por la policía suiza, que finalizó el febrero pasado con la decisión de suspender la emisión de visados para los viajeros europeos. Entonces, Italia se posicionó del lado de Gadafi, acusando a Berna de "tomar como rehenes" a los países del espacio Schengen. El objetivo de Trípoli está claro: si Europa quiere garantizar su cooperación, que pague el precio. Libia exige a la UE que financie la seguridad de sus propias fronteras con Níger y Chad. La Comisión está dispuesta a poner 20 millones de euros sobre la mesa. Gadafi reclama 5.000 millones.
Hasta hace poco, Muamar al Gadafi figuraba por terrorismo en las listas negras de los países occidentales. Ahora que está de buenas con los europeos, pasa a los registros de los principales chantajistas. Aunque de repente se haya vuelto un socio digamos recomendable, no deja de ser menos temible.
