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El primer ministro húngaro Viktor Orbán saliendo del colegio electoral durante las legislativas de abril de 2010.

El de Hungría no es un caso aislado

¿Budapest, la oveja negra de la libertad de prensa en el continente europeo? Ni mucho menos, escribe el Standard. La tentación de controlar los medios independientes afecta a la clase política de todos los países.

Publicado en 4 enero 2011 a las 14:00
El primer ministro húngaro Viktor Orbán saliendo del colegio electoral durante las legislativas de abril de 2010.

Con la toma de posesión de Hungría este nuevo año, asume la presidencia de la UE un país que ha anulado uno de los bienes más importantes: la libertad de prensa. Las críticas de los demás gobiernos, incluido el austríaco, chocan contra el silencio de Budapest.

El primer ministro Viktor Orbán puede permitírselo: en general, Bruselas no interviene en asuntos mediáticos. La UE actúa en caso de amenaza contra la competencia económica, pero no para promover la libertad de prensa. Cuando esta se encuentra en peligro, se inhibe [el 3 de enero la comisaria de Economía Digital hizo saber que la ley húngara le genera “dudas”].

Sin embargo, ha tenido ocasión de tomar medidas al respecto desde hace años, por ejemplo en el caso de Italia. El trato que da Silvio Berlusconi a la RAI es digno de Vladimir Putin. Pero como Bruselas le permite actuar como le plazca, Europa occidental conoce también una situación parecida a la rusa: medios de comunicación con mordaza.

La justicia, al margen

En Austria, no dejan de verse intentos por parte de algunos de controlar la ORF [la televisión pública] así como la prensa escrita. La ministra de Justicia sólo ha renunciado recientemente a ciertas disposiciones parecidas a las de la ley de medios de comunicación húngara (por ejemplo, la persecución de periodistas). Cuando se recurre a él, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos adopta en general resoluciones que corrigen el comportamiento hostil a los medios de comunicación de la justicia austriaca, lo que es sin duda digno de encomio.

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Pero el hecho es que un fenómeno normal para una antigua república soviética, esto es, una justicia tutelada por los responsables políticos, comienza a extenderse por el resto de la UE. Berlusconi hace aprobar a cada momento nuevas leyes para limitar el margen de los tribunales para luchar contra la corrupción. Y estos no pueden expresarse más que de forma muy limitada a través de los periódicos.

En Francia, el presidente Nicolas Sarkozy ha logrado que un grupo de empresarios afines se hiciera con el control de una serie de periódicos importantes. Por lo demás, la opinión prefiere los artículos sobre Carla Bruni a los escándalos que superan la capacidad de comprensión del ciudadano medio (véase el caso Hypo Alpe Adria en Carintia). La república de los vasallos es un viejo fenómeno francés. Corresponde a la “proporcional” austriaca [el sistema según el cual los partidos políticos se reparten los cargos en empresas semipúblicas].

Lo peligroso es cuando una casta de responsables políticos elegidos por mayoría absoluta, como en el caso de Hungría [el partido de Viktor Orbán dispone de una mayoría de dos tercios en el Parlamento], comienza a diluir la separación de poderes mediante instrumentos formales inatacables, por ejemplo situando en las jurisdicciones más elevadas a personas cuyas decisiones responderán siempre a los deseos del Gobierno.

En Austria, los altos directivos no dejan de maravillarse de la firmeza que demuestran los dirigentes (electos) de Singapur, aunque no mencionan que la independencia del Parlamento y la Justicia es meramente formal y que la vida se encuentra extremadamente reglamentada allí. Jörg Haider llevaba años insistiendo en ello. Él también quería una jurisdicción suprema parcial, jueces constitucionales bajo su bota. Una idea que podría renacer si el FPÖ lograra la mayoría en las próximas elecciones.

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