“Vivir sin papeles es como vivir dentro de una cárcel invisible”, se lamenta Lamine Sarr con una voz entrecortada y llena de impotencia. Este hombre de 40 años que atravesó el Atlántico desde Senegal para llegar a España hace dieciocho años es uno de los portavoces de Regularización Ya, una plataforma popular que reclama al Estado español que regularice la situación legal de miles de migrantes indocumentados y que cambie la actual legislación sobre inmigración para poner fin a estas situaciones.
Miles de personas viven sin documentación legal en Europa, en torno a 700 000 de ellas en España. Sin embargo, la plataforma de Sarr –que se creó después de la pandemia de covid-19– puso de relieve la vulnerabilidad de las personas indocumentadas. Podría conseguir la regularización extraordinaria de 500 000 personas tras los debates parlamentarios previstos para septiembre de 2024.
Respaldada por 700 000 firmas y una coalición de 900 grupos de la sociedad civil, Regularización Ya consiguió que esta iniciativa legislativa popular llegara al Congreso español y el texto está pasando actualmente por el proceso legislativo normal.
“La iniciativa de regularización es de vital importancia”, comentó a Voxeurop Cáritas España, que es una de las organizaciones que reclama a los partidos que hagan una realidad jurídica de este proyecto de ley. “Lo consideramos necesario, a fin de aliviar la situación irregular en España de una enorme cantidad de migrantes”, cuya posición irregular, afirman, los mantiene “viviendo en estrés y ansiedad continuos”, e “impidiéndoles una plena integración en la vida de la comunidad”.
La cárcel invisible de los indocumentados
La actual legislación española sobre migración exige que las personas en situación irregular demuestren que han vivido en territorio español durante tres años a fin de conseguir un permiso de trabajo y residencia, entre otras cosas. Sin embargo, Lamine Sarr afirma que la realidad es mucho más compleja de lo que parece.
Después de llegar a España a bordo de un cayuco en 2006, solamente pudo conseguir los papeles legales en 2019, trece años más tarde. "El que hayas estado viviendo aquí tres años, solo significa que puedes empezar a tramitar la solicitud, pero no que puedas dar por terminado el proceso", explica a Voxeurop. Algunos de sus compañeros, dice, llevan 20 años esperando a que emitan su permiso de residencia.
Esperar tres años en el país sin trabajar tampoco es una opción viable para quienes huyen de sus países de nacimiento y llegan a España en busca de seguridad. La Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior recibió 163 218 solicitudes de protección internacional en 2023, un 37 % más que en el año anterior y el mayor número desde la creación de la Oficina en 1992. Al mismo tiempo, solamente concedió protección internacional (estatus de refugiado o protección subsidiaria) a 11 163 personas. De acuerdo con datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, España tiene una de las más bajas tasas de aprobación de toda la UE, el 12 % en 2023 en comparación con la media europea del 42 %.
“No puedes alquilar una casa, no puedes abrir una cuenta bancaria, no puedes vivir tranquilo porque si vas andando por la calle y una patrulla de la policía pide que te identifiques, pueden llevarte a la cárcel… Lo único que puedes hacer es trabajar en la economía sumergida, dentro de una total vulnerabilidad”, nos dice.
Leïla Bodeux, responsable de políticas y protección de Cáritas Europa, subraya que la situación es especialmente dolorosa para los niños nacidos en Europa que permanecen indocumentados durante años debido a las circunstancias de sus padres. "No pueden proyectarse hacia el futuro y se sienten frustrados por recibir un trato diferente al de la población local, sobre todo teniendo en cuenta su sentido de pertenencia y su sensación de estar en casa en el país en el que viven".
“La legislación sobre inmigración te roba las ilusiones”, afirma apesadumbrado Sarr. “Vienes aquí joven con la ilusión de llegar a ser alguien, pero en cuanto llegas te tratan como si no fueras nadie… Es como si fueras una persona con la mente vacía que no supiera hacer nada”.
Regularizados o no, los migrantes mejoran nuestras sociedades
La investigación al respecto demuestra que los migrantes, regularizados o no, aportan mucho a sus comunidades de acogida y podrían aportar mucho más si se permitiera que todos ellos lo hicieran de forma legal.
En España, el centro de investigación Por Causa comprobó que la aportación fiscal directa y neta de un hogar inmigrante era casi un 75 % superior a la del hogar español medio, principalmente debido a que la edad media de los componentes de los hogares inmigrantes es mucho menor. El mismo informe demostraba también que, en cuatro de los seis perfiles analizados, la regularización permitiría a los inmigrantes aportar mucho más de lo que reciben de los presupuestos públicos; y en dos casos, las aportaciones neutralizarían los costes al Estado.
A nivel europeo, la imagen sigue siendo la misma. A principios de este año, economistas de la Universidad de Leiden en Países Bajos, publicaron un artículo de investigación demostrativo de que “los migrantes cuestan a la mayoría de los países del estudio (15 Estados miembros europeos entre 2007 y 2018) menos que lo que les costó la población nacida en esos países”. En 2020, el Servicio de Previsión de la Comisión Europea había indicado que el impacto fiscal neto de la inmigración era mínimo: esto significaba que los “migrantes aportan a las finanzas públicas, vía impuestos, tanto como reciben en prestaciones”.
También hacía referencia a una simulación JRC demostrativa de que los costes a corto plazo de la integración de refugiados en los Estados miembros de la UE podrían quedar significativamente compensados por los beneficios socioeconómicos y fiscales, con un efecto a largo plazo sobre el PIB anual del 0,2 % al 1,4 % sobre el crecimiento de referencia. Dependiendo del método de integración y sus costes, un pleno rendimiento sobre la inversión en políticas de integración se podría alcanzar en el plazo de 9 a 19 años.
Los hogares migrantes aportan también una gran proporción de los trabajadores que se dedican a los servicios esenciales en nuestra sociedad. Un estudio publicado en 2020 demostraba que el 13 % de los trabajadores clave de la UE son inmigrantes, una cifra que crece hasta el 33 % si consideramos los sectores de más baja cualificación y con condiciones de trabajo más difíciles.
Bodeux nos recuerda que, a pesar de que la regularización sea considerada un tabú por algunos, países tales como Italia y Portugal la han utilizado para solucionar la escasez de mano de obra. En último extremo, estos mecanismos de regularización acabarán por ser necesarios en vista de los problemas de envejecimiento a los que se tendrán que enfrentar en el futuro muchos países europeos.
Datos de la OCDE dan a entender que la población en edad de trabajar disminuirá en muchos países. España representa uno de los casos más calamitosos: allí, la participación que el grupo de edad de más de 64 años representa sobre el total de la población se ha multiplicado por más de dos en los 50 últimos años, llegando a alcanzar más del 20 % en 2023.
Con la llegada de extranjeros convertida prácticamente en la única fuente de crecimiento de la población, un portavoz del Banco de España aseguró en abril de 2024 que se necesitarían 24 millones de trabajadores migrantes en los próximos 30 años para mantener la ratio necesaria de trabajadores a jubilados y sostener así el sistema de pensiones del país.
Pero se necesitará mucho más que una extraordinaria oleada de regularizaciones. Viviane Ogou Corbi, consultora política en asuntos de migración y relaciones UE-África, cree que es necesario cambiar todos los sistemas de migración, tanto el español como el europeo.
Cambiar el paradigma de la migración
“Dentro del [movimiento] antirracista y de otros muchos movimientos a los que afecta la nacionalidad, hay un fuerte requerimiento de modificación de la legislación sobre inmigración, para pasar a una mucho más abierta y que permita trabajar a toda esa gente que así contribuirá desde el principio al sistema de seguridad social y, sobre todo, tendrá sus derechos garantizados”, comentó Viviane a Voxeurop. Esto, sin embargo, contrasta con el vocabulario que se está utilizando para abordar la migración en el panorama político europeo.
El nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la UE votado por el Parlamento Europeo en abril de 2024, que establece nuevas reglas para la gestión de la migración a nivel de la UE en años venideros, estipula que uno de sus objetivos es determinar “si las solicitudes son infundadas o inadmisibles y devolver rápidamente a quienes no tengan derecho de residencia”. Unas fronteras externas seguras constituyen uno de los cuatro pilares del pacto, que se reflejarán en un papel de mayor fortaleza para organismos de seguridad tales como Frontex, así como en la continuación de pactos con terceros países, tales como los establecidos con Egipto, Túnez y Mauritania.
“Lo que es necesario en toda Europa es un movimiento contra el nuevo pacto y un movimiento a favor de un cambio total de paradigma a nivel europeo, que debe sin duda garantizar que se reconozca la migración como una realidad humana que no se puede parar”, razona Viviane, quien, sin embargo, reconoce que la legislación europea no prevé un mecanismo que imponga oleadas periódicas de regularizaciones y que, por lo tanto, corresponde a los Estados miembros tomar la iniciativa.
“Lo que esperamos es que las instituciones sean coherentes y respeten la voluntad de las más de 700 000 personas que firmaron para que este proyecto de ley se apruebe”, dice Sarr, aludiendo a la iniciativa española de regularización. Mantiene la esperanza de que las entidades políticas que regulan la migración a nivel español y europeo tengan también en cuenta las recomendaciones de expertos relativas a las ventajas de dar la bienvenida a los migrantes. “Empezaron luchando por cerrar las fronteras”, arguye, “pero pronto lucharán entre ellas para darnos entrada”.
En colaboración con European Data Journalism Network.
Desde la década de 1980 y la financiarización de la economía, los actores financieros nos han mostrado que los vacíos legales esconden una oportunidad a corto plazo. ¿Cómo terminan los inversores ecológicos financiando a las grandes petroleras? ¿Qué papel puede desempeñar la prensa? Hemos hablado de todo esto y más con nuestros investigadores Stefano Valentino y Giorgio Michalopoulos, que desentrañan para Voxeurop el lado oscuro de las finanzas verdes; hazaña por la que han sido recompensados varias veces.
El evento >